madrid/barcelona - El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat de Catalunya que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordado ayer por el Consejo de Ministros, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de cara a exigir responsabilidades penales.

“El incumplimiento de las medidas contenidas en el presente acuerdo se entenderá como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica”, señala el acuerdo.

Por contra, los actuales responsables de la Generalitat o de organismos, entes y su sector público empresarial no podrán actuar contra su personal por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que han anulado las actividades relacionadas con el proceso secesionista.

“Son nulos de pleno derecho e ineficaces, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal o de otro orden a que hubiere lugar respecto a quien inicie, tramite o resuelva los expedientes sancionadores”, advierte el texto aprobado por el Gabinete de Rajoy.

Tampoco tendrá validez cualquier publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya sin la autorización o en contra de lo acordado por los órganos o autoridades que designe el Gobierno español. En el ejercicio de dichas facultades determinará la falta de vigencia de la disposición normativa correspondiente, así como la falta de validez y efectos de la resolución, acto o acuerdo objeto de publicación.

Consejo de ‘TV3’ Esas posibles sanciones disciplinarias señalan indirectamente a los Mossos de Escuadra. Al igual que lo hace con los trabajadores de la radiotelevisión pública catalana la toma de control por parte de Madrid. Por ello, el consejo profesional de TV3 rechazó ayer la propuesta del Estado de controlar los medios de comunicación, que supone “un ataque directo, indigno e impúdico a la libertad de expresión y de información”.

Ante esta decisión, los periodistas hicieron público un comunicado en el que rechazan “categóricamente” la intervención y ven en ella también un ataque “a la profesionalidad” de los trabajadores de la televisión catalana. A su juicio, TV3 y Catalunya Ràdio “pertenecen a todos los catalanes” y han contribuido a “hacer revivir, vivir y crecer la lengua y la cultura catalanas”, siendo “elementos de integración”, además de ser “los medios más bien valorados por los ciudadanos de Cataluña”. “No permitiremos que nos la quiten”, aseguraron. - Efe