barcelona - El Govern catalán estudia una declaración unilateral de independencia que, hasta la fecha, se ha guardado en la recámara porque no deseaba romper la baraja del diálogo pero, sobre todo, por las dificultades logísticas, económicas y políticas que encierra. El reto al que se enfrenta la declaración consiste en trascender el ámbito de lo simbólico, y tener efectos prácticos y tangibles que demuestren que, efectivamente, la independencia es real. El desafío está en encontrar la vía para recaudar todos los impuestos, asumir el control de las fronteras, asegurar la viabilidad económica del nuevo Estado y el pago de las nóminas de los empleados públicos y los proveedores, y posibilitar un tránsito plácido hacia la administración de la República catalana por parte de los funcionarios del Estado que trabajan en el territorio. En el plano más político, la tarea es conseguir el reconocimiento de terceros países. Estos retos los afronta sin un acuerdo con el Estado ni la comunidad internacional y, a partir del sábado, con una intervención de sus estructuras por parte de Madrid que privará al Govern de los resortes de la administración, los mecanismos para la recaudación de impuestos y el control de las finanzas.
Ensayo con la red pública
La Ley de Transitoriedad Jurídica aprobada por los soberanistas recoge las competencias que asumiría la República catalana. Una de ellas es la recogida de impuestos. Hasta la fecha, el Govern ha realizado un ensayo del hipotético sistema de recaudación fiscal. Va a recoger el IVA y el Impuesto de Sociedades de las 150 empresas públicas del territorio, con quienes ha firmado un convenio de colaboración. El Estado no le ha concedido demasiada relevancia porque interpreta que la Agencia Tributaria Catalana solo está ejerciendo de intermediaria con el Estado y que la declaración fiscal va a ir a parar en última instancia a los aparatos estatales. Ha proyectado la imagen de que no le preocupa y no trabaja con la previsión de que ese flujo se vaya a cortar algún día con la independencia.
El planteamiento consiste en que el Govern corte el cordón umbilical con la Agencia Tributaria estatal cuando proclame la independencia. Pero se va a enfrentar a dos obstáculos. Por un lado, se da por sentado que la primera víctima de la suspensión de la autonomía va a ser el vicepresident Oriol Junqueras, el encargado de las políticas económicas y de desplegar el sistema recaudatorio. El Gobierno español quiere tener bajo su control las finanzas del territorio y vigilar que los impuestos fluyan hacia las arcas estatales. Además, se prevé que asuma las riendas de las empresas públicas, las mismas que han firmado el convenio fiscal con el Govern.
El segundo contratiempo procede del grado de colaboración de la empresa privada. Algunos buques insignia como los bancos Sabadell y CaixaBank han trasladado su sede social fuera de Catalunya. Es un dato irrelevante ahora mismo en términos de recaudación, porque el Impuesto de Sociedades de las empresas catalanas lo recauda el Estado, al margen de dónde tengan su domicilio; pero el traslado sí importaría en un escenario de independencia, donde hubiera un sistema de recaudación propio y no se pagaran impuestos a España.
Choque con la Policía
La Ley de Transitoriedad también prevé que Catalunya asuma el control de las fronteras y aduanas. La concreción se dejó al albur de cinco futuros decretos ley. En este ámbito, surge una dificultad similar al caso de los impuestos. La segunda víctima de la suspensión de la autonomía podría ser la conselleria de Interior, y se da por hecho que el major Josep Lluís Trapero será relevado. Sin el mando de los Mossos d’Esquadra, sería materialmente imposible asumir el control de las fronteras.
Aun en el supuesto de contar con los Mossos, se abriría un escenario muy delicado de choque competencial. Actualmente, en los puestos fronterizos y las aduanas trabajan la Policía española y la Guardia Civil. De hecho, Madrid ha reforzado en las últimas semanas la presencia de efectivos de ambos cuerpos en el puesto fronterizo de La Jonquera, y en las estaciones de tren, autobuses y aeropuertos catalanes en previsión de que se produzca un intento de toma de control del Govern. Parece claro que las fuerzas de seguridad estatales defenderán su mando en plaza en los puestos fronterizos y no se limitarán a replegarse. Este debate, además, es quizás el ejemplo práctico más claro de la disputa sobre la integridad territorial del Estado. En relación a la soberanía, la ministra Cospedal ha lanzado avisos sobre el artículo 8 de la Constitución española y el papel del Ejército.
Buscar inversores
Si el Govern lograse preservar cierta estructura tras la intervención del Estado, su reto pasaría por asegurar la viabilidad de la República, sostener los servicios, el pago de las nóminas de los trabajadores públicos (son 170.000) y el abono de las facturas a los proveedores. Este esquema supone partir de la premisa de que pueda haber una estructura paralela a la nueva autoridad estatal que se active por el 155. Tendría que despojarse del control que está ejerciendo Madrid sobre sus Presupuestos. Es el único ámbito que ha sido intervenido antes de activar el artículo 155, de manera que el Gobierno español es quien paga las nóminas y tiene congeladas las cuentas del Govern para evitar una caja paralela.
Se desconoce qué inversores o países estarían dispuestos a financiarlo. Una parte de los fondos vendría de la recaudación de impuestos del nuevo sistema. El exsenador de ERC Santi Vidal insinuó acuerdos con Israel cuando aseguró que hay un Estado no europeo dispuesto a hacer de banco porque le conviene cobrar un interés. Otra incógnita es el tránsito de los funcionarios estatales que trabajan ahora en Catalunya y que pasarán a formar parte de la administración del nuevo Estado, salvo que renuncien.
Europa cierra las puertas
En el plano del reconocimiento internacional, la Comisión Europea se ha posicionado en contra de la independencia por el temor a un contagio en otras naciones sin Estado. Estados como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, o México en América, han avisado de que no reconocerían una declaración unilateral.
