barcelona - Los vídeos de la actuación policial durante el referéndum del 1-O, en el que Guardia Civil y Policía española cargaron contra ciudadanos catalanes para impedirles participar en la consulta, llegarán a organismos internacionales y a las causas judiciales abiertas que investigan a ambos cuerpos por los sucesos de esa jornada. De esa tarea se encargarán cinco entidades catalanas de defensa de los derechos humanos, que ayer anunciaron que remitirán un nutrido informe con las imágenes a entidades como las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
El informe, presentado ayer en Barcelona, está firmado por los abogados del Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, Novact, Institut de Drets Humans de Catalunya, Lafede.cat y el Grup de Periodistes Ramon Barnils, que se han agrupado en la entidad #SomDefensores. Todas estas asociaciones criticaron con dureza la actuación policial, que derivó a su juicio en “violaciones de derechos civiles” y “agresiones” que atentaron contra la integridad física y moral de los ciudadanos, y que incluyeron asimismo “tratos inhumanos y degradantes”.
El documento relata cinco tipos de “agresiones policiales”: porrazos “sin mediar palabra contra personas sentadas de forma pacífica”, golpes con las manos y las botas, algunos de ellos “deliberados en la cara” y en “partes vitales y patadas en órganos sexuales”, así como disparos de balas de goma y el uso de gases lacrimógenos en el municipio de Aiguaviva (Girona). También recoge “agresiones de naturaleza psíquica” que comportaron “numerosos” ataques de pánico y ansiedad.
Las entidades explicaron que propondrán a los relatores especiales de la ONU que visiten “de oficio” al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges para investigar la actuación policial. Denunciaron además que el comportamiento de Guardia Civil y Policía vulneró de forma directa “derechos civiles como el de la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de participación en asuntos públicos”, es decir, actuaron de forma “contraria al derecho penal internacional y nacional”. - DNA
