BARCELONA - El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, afirmó ayer que la fuga de empresas que han optado por salir de Catalunya por los posibles efectos de la declaración de independencia no están fundamentados, ya que “la seguridad jurídica está garantizada”. Los traslados de firmas no significarían un traslado de los centros de trabajo, por lo que Aragonès los valoró como “una operación temporal con voluntad administrativa”.
El alto responsable de la consellería dirigida por Oriol Puigdemont remarcó que la marcha de importantes empresas -sobre todo bancarias, de infraestructuras, alimentarias o tecnológicas- de Catalunya ha sido alentada por el Gobierno español. En los sectores regulados “ha habido una clara voluntad del Gobierno de forzar esta situación con un decreto ley”, profundizó, para posteriormente alertar de que ningún Ejecutivo debería contribuir a empeorar la situación abierta con mensajes que favorezcan la incertidumbre y que acaben afectando a las expectativas económicas.
En una entrevista concedida a TV3, y sobre una eventual independencia , el secretario catalán de Economía mantuvo el mensaje de tranquilidad que el Govern de Puigdemont insiste en lanzar durante los últimos tiempos, y no solo en lo que respecta a las empresas privadas sino también al sector público. Afirmó que no se permitirá que “en el futuro se dejen de pagar las nóminas de los empleados públicos” e incidió en que la ley de transitoriedad jurídica establece el principio de negociación para tratar temas como éste con el Gobierno de Rajoy.
dudas del PSC Pese a las llamadas a la calma del Govern de Carles Puigdemont, las dudas se ciernen sobre el PSC, que reclamó explicaciones por la fuga de empresas. Es por ello que registró una petición de comparecencia en el Parlament de la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, para que explique sus “efectos y consecuencias sobre el empleo”. Anteriormente efectuó una petición similar que Junqueras deberá responder. - DNA
