MADRID/BARCELONA - Durante varias horas, el ingreso en prisión del major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, también fue ayer una posibilidad cierta. Finalmente, la jueza que le investiga por presunta sedición le comunicó su puesta en libertad con medidas cautelares al considerar que su actuación los días 20 y 21 de septiembre, al contrario que en el caso de los presidentes de la ANC y Òmnium, “no aparece lo suficientemente perfilada”. Eso sí, en el mismo auto calificó de “muy graves” los hechos que se le imputan, que suponen importantes penas de prisión, y aseguró que existen elementos que vinculan al major con la estrategia “de finalidad independentista” del Govern. Entre ellos citó la presunta inacción de los Mossos durante el referéndum del 1 de octubre, cuya investigación y posible incorporación a la causa queda así para un futuro momento procesal.

Al no producirse la imagen de Trapero pasando la noche en la cárcel, tal y como había solicitado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se evitó además una aplicación de facto del artículo 155 de la Constitución, al menos en lo que a las competencias de los Mossos se refiere, cuando el Gobierno español sigue ganando tiempo antes de la puesta en marcha definitiva de esta medida de carácter extraordinario. Sin embargo, la magistrada Carmen Lamela deja la puerta abierta a actuar contra Trapero. Así lo demuestra el hecho de que conceda visos de veracidad al informe de la Guardia Civil que le atribuía un papel ejecutor de los planes soberanistas, mientras que los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encargarían junto al Govern de su diseño estratégico.

Esta acusación de la Guardia Civil está incluida en el atestado de más de 300 páginas que entregó en sede judicial el pasado día 6, el mismo día en que Trapero y el resto de encausados por supuesta sedición comparecieron por primera vez en la Audiencia Nacional. Dicho informe se basa en gran medida en el documento enfoCat hallado durante el registro del domicilio del número dos de Economía del Govern, Josep Maria Jové Lladó, que la jueza citó ayer a la hora de vincular a Trapero con el proceso soberanista. Lamela se refirió asimismo a las conversaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona “en las que se vislumbra una actividad de contravigilancia para proteger a determinadas personas frente a posibles actuaciones de la Policía o la Guardia Civil”. Cita por último la pasividad que las fuerzas de seguridad del Estado atribuyen a los Mossos en los sucesos del 1-O. La jueza también dejó en libertad con medidas cautelares a la intendente de los Mossos Teresa Laplana.