madrid - El expresidente de la Generalitat Artur Mas depositó ayer 2,2 millones de euros en el Tribunal de Cuentas como garantía de los 5,2 millones que se le reclaman por gastar dinero público en la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014, al tiempo que solicitó una prórroga de quince días para hacer efectivo el resto del pago, los tres millones de euros aún pendientes. La cifra total reclamada -5.251.948,17 euros- responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza con el objetivo de garantizar que se reintegren a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados. El tribunal fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.

En un escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Mas da cuenta del ingreso bancario de esos 2,2 millones de euros, en nombre del resto de consellers y cargos públicos a los que se exige que paguen solidariamente 5,2 millones de euros por el uso de fondos públicos para pagar la consulta.

La cantidad ingresada en la cuenta bancaria fijada por el Tribunal de Cuentas se acerca a los 2 millones de euros que la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural han recaudado a través de la “caja de solidaridad” que impulsaron para recoger fondos con los que pagar la fianza por el 9-N.

En su escrito, la defensa de Mas, en nombre también de los exconseller Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y de los excargos de la Generalitat implicados en la organización de la consulta soberanista, pide al Tribunal de Cuentas que amplíe a otros quince días el plazo que le dio para depositar la fianza reclamada, que expira el viernes próximo.

Los abogados insisten en su escrito en que el ingreso efectuado ayer “no tiene el carácter de reintegro”, sino “la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente”, a la espera de que sea firme la sentencia por malversación de fondos en la consulta. De hecho, de acuerdo con la ley, el Tribunal dio al expresident del Govern catalán dos vías para abonar la fianza: que la ingresara en una cuenta que se le comunicó a través de la providencia para posibilitar el archivo de las actuaciones o que la depositaran en espera de la resolución de la causa, opción ésta por la que optó ayer la defensa del expresidente.

El escrito de Mas insiste en que la cantidad ingresada “tiene por objeto garantizar la responsabilidad” de todos los cargos públicos a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianza y anuncia que, como sigue siendo una suma insuficiente, “se presentarán otros medios de garantía” para cubrir el total de la liquidación provisional. Según la defensa, con el ingreso efectuado queda “acreditada” la voluntad de los cargos públicos de prestar “garantías suficientes” para cubrir la responsabilidad económicas que les exige el Tribunal de Cuentas, por lo que le pide que se amplíe en quince días el plazo que se les otorgó.

La semana pasada, la compañía SegurCaixa Adeslas, que la Generalitat tiene contratada como seguro de responsabilidad civil, rechazó pagar la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Mas por el gasto de dinero público en la consulta del 9-N. - Efe/E.P.