BARCELONA - La CUP reúne hoy a su Consejo Político, que representa a más de una decena de las asambleas con las que cuenta a lo largo de todo Catalunya, con el punto clave de resolver si continuará haciendo política en el Parlament o, por el contrario, cesará en su actividad hasta que no sea proclamada la república catalana. Una decisión que no es baladí, puesto que ya este mismo lunes la mesa y junta de portavoces de la Cámara se reunirán para fijar el orden del día de las sesiones del miércoles y el jueves, y en caso de una ausencia de los anticapitalistas Junts pel Sí perdería la mayoría y permitiría a la oposición, que tendría la mayoría de votos, introducir los asuntos que estimen convenientes. Ello evidenciaría la fragilidad independentista en el Parlament y supondría, quizás, un primer paso hacia la convocatoria del adelanto electoral.

Ahora bien, una vez más la postura en la CUP no es monolítica. Por un lado, está la carta enviada a Carles Puigdemont donde se le requiere a proclamar ya la república, perdida la esperanza en la mediación internacional, de cara a defender “a los dos millones de personas” que fueron a votar en condiciones de “violencia” por culpa de “la ocupación militar y policial”. Por otro, surgen voces como la del diputado Carles Riera señalando que la intención de los cuperos no es “hacer caer al Govern ni provocar nuevas elecciones”, algo que a su juicio solo serviría para frenar el procés.

retomar los plenos Fuentes del Parlamento reconocen que es urgente retomar la actividad y ejercer la función de control al Govern que tiene la Cámara, si bien admiten igualmente que resulta extraño celebrar un pleno “como si nada, después de todo lo que ha pasado estas semanas”. La actividad ordinaria se congeló tras el polémico pleno del 6 y 7 de septiembre, en el que se aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica y se constituyó la Sindicatura Electoral de Catalunya, la autoridad electoral del referéndum del 1 de octubre.

Las discrepancias se plasmaron en unas votaciones complejas con medio hemiciclo vacío y a altas horas de la madrugada, mientras Ciutadans, PSC y PP abandonaban la sala tras reclamar a lo largo del día de ambas jornadas que las leyes de desconexión no llegaran al pleno. Desde entonces no ha vuelto a haber más plenos ordinarios: a los 15 días había uno previsto pero se canceló a petición de Junts pel Sí y la CUP por la excepcionalidad de la situación y por el contexto de la campaña del referéndum. En la oposición también hay malestar porque aún no se ha convocado el pleno para celebrar el tradicional Debate de Política General, algo que ha sido frenado por la mayoría soberanista desde la vuelta del periodo vacacional.

En el orden del día del cónclave de esta próxima semana existen asuntos como el proyecto de ley de puertos, dos debates a la totalidad, una proposición de ley sobre el sector audiovisual y la modificación de la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

Es difícil predecir qué resultará del complejo Consell Político de la CUP tras la experiencia que ya se vivió en su día cuando se debatió sobre si permitir investir a Artur Mas o no, con aquel empate que obligó a nuevas reuniones, y que desembocó en que finalmente el líder convergente quedara apartado y fuera designado president Puigdemont con el férreo marcaje de los anticapitalistas a lo largo de todos estos meses en los que se ha ido desarrollando la hoja de ruta hacia la independencia.

el órgano decisorio El Consejo Político es el intermediario entre las asambleas locales y el secretariado nacional, las 15 personas que gestionan el día a día de la CUP. Está formado por los diputados y el secretariado, que no tienen derecho a voto, y por unos sesenta representantes de las 13 asambleas territoriales. Estos delegados no hacen valoraciones personales, sino que trasladan la opinión mayoritaria de las asambleas. El municipalismo forma parte de la genética de la CUP. Por ello, el consejo político intenta reflejar al máximo la composición del partido en el territorio. En las últimas horas los miembros de la CUP y de Junts pel Sí han mantenido reuniones para consensuar la respuesta al requerimiento de Rajoy. Ocurre que la declaración de Puigdemont del martes también parecía compartida por ambos grupos hasta que la CUP se sintió “desautorizada” un par de horas antes de la comparecencia del president.