barcelona - El president Carles Puigdemont quiso rebajar ayer la temperatura de la olla a presión en la que se ha convertido la crisis territorial entre el Estado y Catalunya. El líder del Govern compareció en el Parlament para anunciar las consecuencias del referéndum unilateral del 1 de octubre, una votación que se saldó con la victoria de la independencia con un 90,18% de respaldos y una participación del 43% del censo. Las fuerzas de seguridad españolas permanecían en guardia, desplegadas en gran número en las fronteras y los aeropuertos catalanes por si hubiera una declaración de independencia unilateral y una toma de control del territorio por parte del Govern para hacer efectiva la república catalana. Pero no fue así. A modo de gesto para reducir la tensión y dar una nueva oportunidad al diálogo, el president dejó constancia de que Catalunya “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” y asumió el “mandato” de los ciudadanos, pero suspendió los efectos de una declaración de independencia que en realidad no llegó a formular de manera expresa en su discurso, y pidió emprender un diálogo con el Estado. Además, no fijó un plazo límite. La suspensión de la declaración de independencia la decretó sine die. Puigdemont lleva el conflicto al terreno del diálogo una vez más, una decisión muy valorada por Podemos, los comunes, el PNV y el lehendakari. Su decisión vuelve a poner el peso sobre el presidente español, Mariano Rajoy, que de momento no ha planteado ninguna solución política, y ayer volvió a rechazar el diálogo.
Puigdemont comenzó su discurso apostando por rebajar la tensión. “No esperen de mi comparecencia amenazas ni insultos”, dijo, para añadir después que todas las partes tienen la responsabilidad de “desescalar la tensión”. No rebajó en ningún momento el alcance del referéndum ni su validez, y recalcó que el resultado arroja un mandato claro que su gobierno va a asumir. Sin embargo, reconoció que “la actuación del Estado ha introducido tensión en Catalunya, y hay mucha gente espantada por lo que pueda pasar”. Se refirió a las cargas policiales, y a las empresas que han decidido trasladar su sede social a Madrid, dos hechos que, a su juicio, han “enturbiado el ambiente”. “A todas estas personas que tienen miedo, les lanzo un mensaje de tranquilidad. El Govern no se va a desviar de la voluntad negociadora ni del progreso económico”, dijo.
El president evitó el choque de trenes y atendió las peticiones que le habían llegado desde las instituciones europeas. Su actitud complica al Gobierno español la toma de medidas drásticas como la suspensión de la autonomía catalana o la detención del president por un delito de rebelión. Hoy se reunirá el Consejo de Ministros para tomar una decisión al respecto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo ayer una comparecencia fugaz donde únicamente cargó contra Puigdemont por crear “incertidumbre” y sacar conclusiones de un referéndum que, según dijo, no se ha producido. No se descarta que Madrid active medidas ejemplarizantes. Aunque la independencia haya quedado en suspenso, el PP cree que se están anunciando actuaciones que validan un referéndum ilegal y toda una batería de leyes y declaraciones suspendidas por el Tribunal Constitucional.
La de ayer no fue, en ningún caso, una jornada fácil para Puigdemont, que tuvo que medir al milímetro su discurso para dar cauce a la voluntad expresada por los catalanes y, al mismo tiempo, evitar que Mariano Rajoy active el artículo 155 de la Constitución española y suspenda la autonomía, un escenario que, además de suponer una catástrofe en términos de autogobierno y disparar la tensión en las calles, solo serviría para poner un fin abrupto al proceso soberanista con la suspensión del Govern.
Las consecuencias también podrían ser personales, porque la Fiscalía, antes de escuchar a Puigdemont, preparaba ayer una querella por rebelión, un delito penado con hasta treinta años de prisión. En los últimos días se ha hablado igualmente de activar el estado de excepción y de sitio, con la eventual proclamación de una autoridad militar y la suspensión de derechos fundamentales. El problema para el president y los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP puede venir de la declaración que firmaron ayer tras el pleno, donde sí declaran la independencia. “Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social”, dice el documento. Ese texto puede ser un enganche para el Estado.
Ayer se produjo un posicionamiento relevante para contextualizar la decisión del president de dejar en suspenso la declaración: Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, el órgano que reúne a los representantes de los estados miembros de la Unión Europea, le pidió que no tomara una decisión que dinamite las opciones de diálogo. Puigdemont ha buscado todo este tiempo la simpatía internacional y la mediación europea, y no colocar a las instancias mundiales en su contra. Ayer tuvo que calibrar sus palabras para llamar la atención europea con la intención de que surja esa mediación, pero sin plantear una declaración demasiado contundente que provocara que el procés perdiera ejemplaridad y civismo.
apoyos y críticas La decisión de Puigdemont le valió el aplauso de Podemos y los comunes de Ada Colau, pero sus socios de la CUP mostraron su malestar y consideraron que Puigdemont ha traicionado las expectativas. También hubo una desbandada entre los ciudadanos que se habían concentrado en las inmediaciones del Parlament. Aun así, la reacción pública de la CUP fue muy medida para evitar la imagen de fractura del soberanismo.
El discurso de Puigdemont obligó a la oposición a replantear las réplicas que tenía preparadas. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas siguió hablando de “golpe a la democracia”, pero no mencionó nada sobre el artículo 155. No obstante, Albert Rivera sí compareció ayer para exigir a Rajoy que suspenda la autonomía. El resto de partidos del Parlament optaron por restar relevancia a la intervención de Puigdemont por considerar que, en realidad, no hubo declaración de ruptura. Ahí coincidieron PP y PSC, aunque no se descarta una respuesta dura del Gobierno español. A última hora de la noche se reunieron Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para debatir al respecto.
El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, pidió a Puigdemont un diálogo dentro de la ley, y avisó de que “no va a haber ninguna república independiente de Catalunya”. “El Estado de Derecho no lo va a permitir”, zanjó. Los soberanistas catalanes confían en que se produzca una mediación internacional para negociar, al menos, un referéndum pactado.
El president dio total legitimidad y validez al 1-O. Aseguró que Catalunya “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” y a ser escuchada, porque el sí a la independencia ganó en las últimas elecciones por mayoría absoluta, y también acaba de triunfar en un referéndum “bajo una lluvia de porrazos”. “Las urnas han dicho que sí a la independencia, y ese es el camino que estoy dispuesto a transitar”, dijo. A continuación, citó el punto de la Ley del Referéndum que recoge la declaración de la independencia en 48 horas tras el plebiscito. “Asumo el mandato del pueblo para que Catalunya se convierta en Estado independiente en forma de república”, proclamó, para añadir después su propuesta de “suspender sus efectos para emprender un diálogo”. Pidió al Estado que escuche, y a la Unión Europea que “se implique a fondo”.
