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El PP tiene carta blanca, pero quiere respaldos

La escasa concreción del artículo 155 y la posición de fuerza del PP en el Senado brindan al Gobierno español un margen amplísimo para aplicar las medidas que estime oportunas. Los populares tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, el órgano que tiene que dar el visto bueno a las actuaciones que proponga Rajoy, de modo que, en puridad, tiene todo el control sobre la situación, aunque políticamente le convenga no dar el paso en solitario y prefiere hacerlo con el consenso de Ciudadanos y el PSOE. El artículo 155, además, faculta al Gobierno español a tomar las medidas que sean necesarias, sin mayores limitaciones que el aval de un Senado que controla el PP.

Esta medida se ve con recelo desde el socialismo y le plantea contradicciones internas. Pedro Sánchez sabe que el PSC no querrá dar un paso que lastraría su imagen de por vida en Catalunya, máxime cuando históricamente ha habido sectores en el partido que defienden un referéndum pactado y legal. En el lado contrario de la balanza, el PSOE andaluz lidera la presión para suspender la autonomía. Todo hace indicar que una declaración unilateral de independencia no dejaría más remedio al PSOE que apoyar el artículo 155, porque una decisión en sentido contrario no se entendería en los círculos constitucionalistas de Madrid y buena parte del Estado.

El procedimiento aparece regulado en el artículo 155 de la Constitución española, y en el reglamento del Senado. La Constitución faculta al Gobierno español a adoptar “las medidas necesarias para obligar” a la comunidad autónoma “al cumplimiento forzoso” de las obligaciones legales o la protección del interés general. Solo necesitará el aval del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta tanto en el pleno como en la Mesa, y también ocupa la presidencia (Pío García-Escudero). El reglamento del Senado concreta que Rajoy deberá presentar al presidente de la Cámara un escrito con las medidas propuestas y dejar constancia de que se ha puesto en contacto con el Govern para que las cumpla y no lo ha hecho. El documento sería debatido en comisión y aprobado en pleno. El Govern podría presentar alegaciones.

Suprimir competencias o inhabilitar al Govern

El artículo 155 es tan genérico que admite todo tipo de interpretaciones sobre su alcance y las medidas que pueden activarse bajo su paraguas. También admite, por lo tanto, una aplicación gradual que abarque desde una suspensión parcial de algunas competencias, hasta la inhabilitación del Govern en pleno, empezando por el president Puigdemont y su vicepresident, Oriol Junqueras. En cualquier caso, todo parece apuntar a la suspensión total del Govern.

La intervención parcial de algunas competencias ya ha quedado superada, por ejemplo, con la toma de control de los Presupuestos catalanes por parte del ministro Montoro para evitar que se invirtiera en los preparativos del referéndum. Esta medida se mantendrá indefinidamente y supone que la Generalitat pierda el control sobre los 17.000 millones anuales que se recaudan en concepto de impuestos estatales, unos 1.400 millones mensuales; y deberá tener el permiso del Estado para sus operaciones de endeudamiento.

Aunque en las últimas horas y en los ámbitos constitucionalistas se ha presionado también para controlar la enseñanza y se ha acusado a los soberanistas de manipular a los niños, la intervención parcial es algo que de facto ya se está dando en el ámbito financiero y parece superado. Además, ante una declaración unilateral de independencia, Rajoy se sentiría plenamente legitimado para activar la medida más contundente dentro del artículo 155 y suspender a todo el Govern, lo que, en teoría, le permitiría tener un control absoluto sobre las políticas públicas si se suspendiera al mismo tiempo al Parlament, de mayoría soberanista.

El 155 abre la puerta a dos gobiernos paralelos

Remover al Govern catalán de sus funciones provocaría un estallido de tensión y llevaría el contencioso a un nuevo nivel donde solo hay incógnitas en el horizonte. De ahí que, para los constitucionalistas, la opción menos lesiva dentro de su excepcionalidad sea remover al Govern a los únicos efectos de convocar otras elecciones. Así se evitaría también la contingencia de tener que coexistir con un Parlament de mayoría soberanista y prorrogar esa situación. El Parlament también sería disuelto por los comicios.

La suspensión del gabinete de Carles Puigdemont llevaría de manera indefectible a instaurar una nueva autoridad. La decisión más lógica y menos burocrática pasaría por proclamar al delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, que tuvo un papel muy destacado en el seguimiento de la jornada del referéndum del domingo, con intervenciones ante los medios de comunicación para justificar la actuación de las fuerzas de seguridad estatales. La nueva autoridad se encargaría del despacho de los asuntos económicos ordinarios, cancelando la hoja de ruta soberanista. En ese caso, cabe suponer que el Govern no se va a replegar ni acatará la decisión. A partir de ahí se abren todo tipo de escenarios.

De entrada, la suspensión del Govern llevaría aparejada la detención de sus miembros porque, si son apartados de sus funciones por no cumplir la ley, sería contradictorio no arrestarlos. Es, sin duda, la opción más conflictiva y la que mayor tensión provocaría en las calles. En ese caso, no se descarta que el Govern se atrinchere en el Palau de la Generalitat o el Parlament para evitar esa detención. Si la suspensión es total y afecta igualmente al Parlament, la respuesta soberanista sería incluso más intensa. La presidenta Carme Forcadell tiene varias investigaciones abiertas por permitir la votación de la hoja de ruta soberanista y los planes del referéndum, y su encausamiento se vio como un ataque directo a la democracia representativa.

Es muy probable que se reproduzcan las imágenes que se vivieron en la jornada del referéndum: una potente movilización ciudadana que cuente con el apoyo de la ANC y Òmnium, y que blinde completamente como un muro humano las instalaciones donde se encuentre el Govern para evitar la incursión de las fuerzas de seguridad estatales. Es un escenario que devolvería a las calles las escenas de tensión y las cargas del referéndum.

Esa fotografía volvería a colocar la reivindicación soberanista en el escaparate internacional y en los medios de comunicación de medio mundo. Por lo tanto, sería una decisión contraproducente para Rajoy. No obstante, antes del referéndum, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no descartó la detención del president, y argumentó que en este proceso se están cometiendo delitos de desobediencia. Desde entonces, la tensión se ha multiplicado y se habla ya de delitos de sedición que implican penas de cárcel de hasta 15 años. Tampoco existe ningún reparo a la hora de señalar por ese mismo delito a cargos de cierta trascendencia política y mediática, como el major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.

No se descarta una segunda posibilidad: que coexistan dos gobiernos en paralelo. Por un lado, la nueva autoridad impuesta por el Estado se encargaría de restablecer el orden constitucional y evitaría la proclamación de la independencia y, por otro, el Govern de Puigdemont se reivindicaría como única autoridad legítima escogida democráticamente en las urnas por los catalanes. Esta opción deja un cabo suelto. Se antoja muy complicado que los dos gobiernos puedan coexistir, o que Rajoy permita la pervivencia de un gobierno en la sombra que constantemente se reivindique como legítimo y cuestione el pedigrí democrático de España.

Es ahí donde volvería a emerger el riesgo de detención, lo que abocaría al Govern a una suerte de exilio en alguna institución diplomática, que comprometería sus vínculos comerciales y políticos con el Estado español y la Unión Europea si diera cobijo al Govern. Por lo tanto, solo podría tratarse de una institución situada fuera de la órbita europea. En otros ámbitos se ha apuntado, incluso, a buscar refugio en alguna entidad ligada a la jerarquía eclesiástica. Los intentos de que la Iglesia medie en este proceso han sido patentes en las últimas horas, y tanto el Govern como Madrid han establecido contactos con representantes religiosos.

Disolver un Parlament de mayoría soberanista

La incógnita radica en qué sucederá con el Parlament. Una de las razones por las cuales la suspensión del Govern se baraja como algo provisional y únicamente para convocar elecciones radica en el equilibrio de poder tan precario que se instauraría si el Estado comandara Catalunya mientras se mantiene en pie una Cámara de mayoría soberanista. Junts pel Sí y la CUP suman 72 de los 135 escaños, de manera que podrían seguir legislando contra la voluntad de la autoridad estatal. Al no establecer ningún tipo de límite, el artículo 155 facultaría, por omisión, a disolver el Parlament. Sin embargo, es una medida tan controvertida que solo se entendería en algunos ámbitos políticos y jurídicos si fuera un paso previo y necesario para convocar unas nuevas elecciones autonómicas.

Bajo ese prisma, la autoridad que sustituya al Govern sería únicamente provisional y por un tiempo muy tasado. Se necesitan 54 días desde que se convocan unas elecciones autonómicas hasta que se celebran. A partir de ahí, serían necesarias unas cuantas semanas para alumbrar un nuevo gabinete en una investidura. De esa manera, sería más factible contar con el respaldo socialista para aplicar el artículo 155, porque sería una decisión transitoria para convocar elecciones.

De hecho, el mantra de los partidos constitucionalistas es que Puigdemont convoque elecciones. Ciudadanos ha estado presionando con una moción de censura, pero es un brindis al sol en un momento en que los soberanistas tienen mayoría absoluta. Confía en que el equilibrio de fuerzas cambie en otros comicios, aunque todos los análisis políticos apuntan a que, en estas circunstancias, las elecciones arrojarían una amplia victoria no ya del soberanismo, sino de los partidarios del derecho a decidir, como los comunes de Ada Colau. En ese caso, salvo que fuera investido un nuevo president con un gobierno de izquierdas de ERC y los comunes, se volvería a la casilla de salida con Puigdemont al frente.

Madrid exige la lealtad de la Policía catalana

En cualquier escenario, ya sea de suspensión parcial de algunas competencias o bien de intervención total con la sustitución del Govern, se da por hecho que el Estado intentará asumir el control de los Mossos d’Esquadra. Es una decisión que siempre ha estado sobre la mesa, y ya se intentó imponer a los agentes catalanes el mando de la Guardia Civil durante la jornada del referéndum del 1 de octubre.

Sin embargo, la Policía catalana actuó en cumplimiento de las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y en estricta aplicación de los criterios de mediación y proporcionalidad, de manera que no hubo ningún incidente con los ciudadanos que se concentraron a las puertas de los colegios. Con la toma de control de los Mossos, el Estado dejaría ver sus recelos hacia los agentes catalanes y buscaría asegurarse de que cumplan las órdenes de detención contra los cargos del Govern, que muy probablemente llegarían con la suspensión de la autonomía.

Constitución. “Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”.

Reglamento del Senado. El Gobierno español deberá presentar en la Cámara un documento con todas y cada una de las medidas que quiera activar en Catalunya, así como una exposición razonada, y dejar constancia de que el Govern ha desatendido sus emplazamientos. El PP tiene mayoría absoluta para aprobarlo.