madrid - El major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, acudió ayer a la Audiencia Nacional en medio de una gran expectación. Había sido llamado a declarar como investigado por un presunto delito de sedición -que supone una pena de entre 8 y 15 años de cárcel- por los incidentes ocurridos los días 20 y 21 de septiembre frente a la Conselleria de Economía en Barcelona. En la misma situación se encuentran la intendente Teresa Laplana -que no acudió a Madrid por motivos de salud- y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, también citados en la Audiencia Nacional. Sin embargo, todos ellos deberán repetir el paseíllo cuando sean llamados de nuevo por la juez Carmen Lamela a partir del día 16. El motivo es el atestado de cerca de 400 páginas de la Guardia Civil incluido en la causa, que aborda muchos más hechos aparte de los inicialmente investigados, incluyendo los que marcaron la tumultuosa jornada del referéndum del 1 de octubre.
Con motivo de este giro en los acontecimientos, la Fiscalía pidió la suspensión de las declaraciones para permitir a las partes poder estudiar la ingente documentación de nuevo cuño, que incluye multitud de archivos audiovisuales, y evitar así posibles peticiones de nulidad del proceso, una postura a la que se sumaron las defensas. Sin embargo, la juez se opuso a suspender las comparecencias al entender que, al ser llamados como investigados, ya existían datos de la posible comisión de un delito. En cualquier caso, y al quedar la sesión de ayer inconclusa a la espera de las nuevas citaciones y de que la magistrada decida incluir o no los sucesos del 1-O en la causa, la Fiscalía optó ayer por no pedir ninguna medida cautelar -que podrían ir desde la entrega del pasaporte a comparecencias e incluso prisión- y los comparecientes abandonaron la AN por su propio pie.
Tras admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía por los sucesos de los días 20 y 21 de septiembre, la jueza Lamela expuso en un auto que estos actos podían ser constitutivos de delito de sedición al ir “dirigidos a romper la organización territorial del Estado”. Agregaba que los hechos de esas jornadas podrían atentar contra bienes jurídicamente protegidos y la actual forma de gobierno, por lo que declaró a la Audiencia Nacional competente para investigarlos. La relevancia del informe aportado ayer por la Guardia Civil sobre la actuación de los diferentes cuerpos de seguridad el 1-O es que su posible incorporación a la causa supondría empezar a investigar judicialmente una jornada especialmente polémica. En su transcurso, la Policía y la Guardia Civil reprimieron con cargas y material antidisturbios a los ciudadanos que pretendían votar en la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, al tiempo que acusaron a los Mossos de inacción. El balance fue de más de 800 atendidos por los servicios médicos, según las estimaciones del Govern.
Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart estaban llamados a declarar ayer en la Audiencia Nacional acusados de sedición por el acoso a la Guardia Civil que se produjo los pasados días 20 y 21 durante un registro en la Conselleria de Economía relacionado con los preparativos del 1-O, a raíz de la detención de dos de los máximos colaboradores del responsable de ese departamento, Oriol Junqueras, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Decenas de miles de personas se congregaron frente al inmueble, entre ellos Sànchez y Cuixart, lo que provocó que el juez que ordenó la operación llamara a Trapero para reclamarle un cordón de los Mossos que permitiera a la comitiva judicial, incluidos los guardias civiles, abandonar el lugar, lo que se produjo en la madrugada siguiente a los arrestos.
Gritos de “traidor” El primero en declarar ayer fue, precisamente, el major Trapero. Lo hizo por espacio de una hora y respondió a las preguntas de los fiscales, de su defensa y de la propia jueza. La Conselleria de Interior envió después una nota en la que explicó que Trapero trasladó a la autoridad judicial “el convencimiento de que la actuación del Cuerpo de los Mossos fue la correcta y necesaria en atención a las circunstancias de ese día”. Alegó que “no fueron avisados con suficiente antelación para poder planificar el dispositivo y esto obligó a ir adaptándolo en función de las circunstancias”, y además, la primera noticia sobre la actuación de la Guardia Civil les llegó a través de los medios de comunicación. A su salida, Trapero fue aplaudido por un grupo de parlamentarios del PDeCAT, ERC, PNV, EH Bildu y Unidos Podemos que se concentraban a las puertas de la Audiencia Nacional. Ya una vez fuera del cordón de seguridad fue increpado por varios viandantes al grito de “traidor” antes de entrar en un vehículo junto con sus abogados y alejarse de la zona.
Seguidamente entró a la sala el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quien se negó a declarar mientras que sí lo hizo, aunque solo a las preguntas de su defensor, el presidente de ANC, Jordi Sánchez, para señalar que no reconocía la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos de los que se le imputan, que no considera delito. En cuanto a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, no se trasladó a la AN alegando que sufría vértigos. Pese a que estaba previsto que declarara por videoconferencia, finalmente no lo hizo ya que la noche anterior estuvo ingresada por un episodio de ansiedad.
Según informó en una nota de prensa, la Fiscalía considera el informe de la Guardia Civil sobre el 1-O “trascendente para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación” por sedición. Desvela que en el mismo aparece más personas “susceptibles de imputación” que no son autoridades públicas. Ya es están practicando nuevas diligencias derivadas de este atestado.
