madrid - La ofensiva del Gobierno central contra el procés catalán ha entrado en el ámbito económico. El Gobierno central prevé aprobar hoy un decreto por el cual las empresas que quieran trasladar su sede fuera de Catalunya no tendrán que convocar una junta general de accionistas. Según diversas fuentes, la decisión se ha diseñado a la medida de firmas como Caixabank, que baraja marcharse de Barcelona ante la incertidumbre en la que está inmersa Catalunya y ante la aparente inminencia de la declaración unilateral de independencia, que podría materializarse el lunes si el Parlament no atiende a los requerimientos del Tribunal Constitucional.

Hoy mismo, de hecho, Caixbank reunirá de forma extraordinaria a su consejo de administración de CaixaBank para estudiar el posible traslado de su sede social, probablemente ya con la certeza de que no tendrá que convocar a sus accionistas. La medida que va a aprobar hoy el Gobierno de Mariano Rajoy pasa por la modificación de la disposición de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada en 2015 ante el interés de varias compañías por trasladar su domicilio social a otras comunidades autónomas. En la norma se recogía que “salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

De esta forma allanaba el camino para que muchas empresas pudieran establecerse en otra región. Sin embargo, ahora se quiere ir más allá para permitir que también puedan cambiar su sede con el mero acuerdo del consejo de administración compañías que incluyen en sus estatutos que el cambio debe ser aprobado por su junta de accionistas. Ese es el caso de Caixabank.

En los últimos días, empresas que cotizan en la Bolsa como Oryzon o Eurona han anunciado el cambio de sede ante la incertidumbre política existente en Catalunya. El temor a una proclamación unilateral de independencia por parte de la Generalitat ha lastrado en los últimos días a las empresas catalanas en los mercados, una situación que se ha revertido en el caso de las que ya han dicho que se van.

Antes de conocerse la decisión del Ejecutivo, pero ya con la intención de Caixabank de dejar Catalunya circulando por los corrillos bursátiles, sus títulos subieron un 4,93% al cierre de la jornada. Caixa Bank había señalado que “tomará las decisiones necesarias, en el momento oportuno, siempre con el objetivo de hacer prevalecer los intereses de clientes, accionistas y empleados”, según fuentes de la entidad. El mismo mensaje se ha trasladado en las últimas jornadas a la plantilla del banco.

De momento, entre las grandes empresas de origen catalán solo Sabadell ha tomado la decisión de trasladar su sede, pero otras tienen ya hecha la maleta a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos. Así, el Grupo Catalana Occidente manifestó que, “en función de cómo se desenvuelvan los hechos”, tomará “de forma ágil” las decisiones “que sean oportunas” con el objetivo de “preservar los intereses” de sus clientes, trabajadores, mediadores y accionistas.

La aseguradora catalana, que tiene presencia en cincuenta países, señaló ayer que en la compañía estarán “muy atentos” a los acontecimientos que se produzcan en relación con la crisis de Catalunya, que a lo largo de su historia ha vivido “situaciones diversas y muy complejas”, y que “velará siempre por que los productos y servicios no se vean en ningún caso afectados por la coyuntura política y social”, dado que su “prioridad” es garantizar el cumplimento de sus “condiciones contractuales con los clientes”.

“huida precipitada” Ante este traslado del frente en el que se baten el Gobierno central y la Generalitat al campo económico, la asociación Adicae lanzó un mensaje de “tranquilidad” a los depositantes de entidades catalanas ante los posibles efectos de una declaración de independencia unilateral por parte de la Generalitat y cargó contra quienes se traslada y quienes lo barajan por “alarmar” con su “huida precipitada”.

El presidente de la agrupación, Manuel Pardos, cree que se está valorando la situación “de forma extemporánea” y por razones que considera políticas, y recordó que el dinero de la mayoría de los clientes está asegurado por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre por ley ahorros de hasta 100.000 euros.

Al respecto, Pardos descartó cualquier tipo de riesgo tanto para los ahorros “de empresas pequeñas, de autónomos y particulares, por más que haya pontífices de mal agüero” ya que el Estado español respondería por ellos, como para los propios inversores, que podrían verse perjudicados sólo en un supuesto de quiebra. Dicha situación, señaló, se antoja casi imposible, especialmente por parte de Caixabank, entidad bancaria que tiene “la suficiente fortaleza” para poder salvaguardar los compromisos adquiridos sus usuarios “incluso si Cataluña se hace independiente”.

Pardos abogó por “no entrar en temas políticos”, y defendió la unidad del conjunto de “españoles, catalanes y europeos” como principal arma para garantizar los derechos de los consumidores, informa Efe.