barcelona - El major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero deberá presentarse mañana en la Audiencia Nacional como investigado -nueva denominación de imputado- por un delito de sedición. La citación ha partido de la magistrada Carmen Lamana -instructora también del caso Altsasu- y junto al jefe de la Policía catalana también deberán presentarse el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y la intendente de los Mossos en el Eixample, Teresa Laplana. Los tres también imputados por sedición. Según el artículo 544 del Código Penal, “son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. El mismo contempla penas de hasta 15 años.

La citación hace referencia a los hechos acaecidos el pasado 20 de septiembre cuando efectivos de la Guardia Civil procedieron a practicar un registro en la Conselleria de Economía. Miles de personas se concentraron en el exterior para protestar contra el registro y las detenciones de altos cargos de la Generalitat producidas horas antes. Entre los arrestados se encontraba Josep Maria Jovè, número dos de Oriol Junqueras en Economía. Según la Fiscalía, fueron alrededor de 40.000 las personas que se congregaron en el exterior con “el fin último lograr una ruptura de la forma de Estado”. En un informe solicitado por la jueza a la Guardia Civil se señala que se realizaron numeras peticiones de apoyo a los Mossos y, en concreto, en una de esas peticiones se trasladó a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera de la Conselleria y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían “armas largas” y que si los manifestantes accedían a los vehículos “podría incrementarse la amenaza de forma muy importante”. La respuesta, según la Guardia Civil, fue que no podía hacer nada y que su intención era “mantener la situación”. La Fiscalía acusa de este modo a la intendente de la Policía catalana, y por elevación al major Trapero, de no haber actuado y de desatender las llamadas realizadas en este sentido por la Guardia Civil.

Por lo que respecta a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, el informe de la Guardia Civil señala que arengaron a los asistentes a persistir en la protesta y que ambos demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que estaba “coaccionando” a los agentes de la Guardia Civil.

La defensa En su comparecencia ante la jueza, Trapero argumentará que los Mossos han cumplido “estrictamente” las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O. En una carta que la cúpula de los Mossos ha remitido a todos los agentes, a la que ha tenido acceso Efe, los mandos de la Policía catalana aseguran que en la comparecencia judicial el major aportará toda la información sobre las actuaciones que la Policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre. También alegará ante la juez que en todas las intervenciones de las últimas semanas relativas al referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, han cumplido “estrictamente” las órdenes judiciales. Los Mossos, además, quieren que se les deje al margen de los actos de apoyo que se puedan convocar para arropar a los líderes de la ANC y de Òmnium, para dejar claro que no mantienen ninguna vinculación política con los responsables del proceso soberanista y que su labor es profesional e independiente.

Por lo que respecta a Sànchez y Cuixart, todavía no han decidido si van a presentarse ante la magistrada de la Audiencia Nacional. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, aseguró ayer que el escrito de la Fiscalía admitido por la AN está “lleno de imprecisiones y falsedades”. Según explicó, desde las entidades independentistas en ningún caso se llamó a utilizar la violencia, y estuvieron “en constante comunicación con los Mossos y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intentando controlar la situación” para evitar cualquier tipo de altercado y aislar a todo elemento que perturbara el orden público.

Por su parte, el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, opinó que “el Estado definitivamente ha enloquecido”. Tras calificar de “barbaridad” que se les acuse de sedición, Sànchez señaló que tendrá que valorar con sus abogados y sus compañeros de la ANC y de Òmnium si acude a la citación de la Audiencia Nacional. “Estableceremos la mejor estrategia para continuar manteniendo nuestra dignidad”, concluyó.