gasteiz - El PNV llevará el próximo martes al Pleno del Congreso una proposición de ley de reforma del Código Penal para la supresión de la prisión permanente revisable, una medida aprobada en solitario por el PP cuando tenía mayoría absoluta a propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que toda la oposición recurrió ante el Tribunal Constitucional hace más de dos años. La toma en consideración de la propuesta jeltzale, con la nueva configuración de la Cámara, tiene muchos visos de ser tramitada.

El PNV demanda la supresión de la prisión permanente revisable por considerar que se trata de una medida “irresponsable” e “inconstitucional”, cuya inclusión en el Código Penal fue “una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978”, pero “no está justificada desde razones de política criminal”.

Según los nacionalistas vascos, este tipo de pena “vulnera claramente los elementos nucleares de los principios constitucionales referidos al ordenamiento penal: el principio de legalidad y el mandato de resocialización”, ambos contenidos en el artículo 25 de la Constitución Española. En este mismo sentido, el PNV insiste en que la incorporación de la prisión permanente revisable, que encubre la pena de prisión de por vida o prisión perpetua, “persigue únicamente una función retributiva y vengativa de la pena” en aras a una “supuesta mayor seguridad ciudadana” y “niega el sistema de derechos y valores de la Constitución”.

En concreto, sostienen que, además del citado artículo 25 de la Constitución, “atenta contra la dignidad de los seres humanos (artículo 10) y contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (artículo 15)”. Para el PNV, debiera primar la “responsabilidad política y jurídica para evitar un día hallarnos inmersos en un Derecho Penal totalitario, desigual, desproporcionado e injusto”, informa Europa Press.

Así, reclama “responsabilidad para con el modelo garantista que antaño nos dimos”, y por último, alerta de que “existen posibilidades de error judicial que sería irreparable”. La incorporación de esta pena al Código Penal “rompe peligrosamente con uno de los consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua”, concluyen.