gasteiz - Aunque la situación en Catalunya, y en general en todo el Estado español, es excepcional, las instituciones deben seguir funcionando con normalidad. Así lo señaló ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien en ese sentido afirmó que Lakua cumplirá los compromisos adquiridos con el Gobierno español, y a su vez reclamó a Moncloa que “opere con el mismo planteamiento”.
Antes de que el conflicto catalán entrase en su fase más crítica, ambas administraciones habían retomado las relaciones tras la rotura de todos los puentes durante la mayoría absoluta del PP. En estos meses se logró alcanzar acuerdos en torno al Cupo o la Ertzaintza, y los expertos de los dos gobiernos se disponían a discutir sobre las transferencias pendientes de completar del Estatuto de Gernika, con especial énfasis desde Gasteiz en la Seguridad Social y las prisiones. Tras el verano, sin embargo, los acontecimientos se precipitaron en Catalunya y el Gobierno de Mariano Rajoy ha volcado todos sus esfuerzos desde entonces en tratar de frenar el referéndum del pasado domingo.
Así pues, la reunión pendiente entre Erkoreka y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sigue sin concretarse, pese a lo cual el portavoz del Gobierno Vasco no contempla la posibilidad de que el Ejecutivo de Rajoy congele la relación con la administración vasca. “No damos nada por aparcado, el Gobierno vasco quiere cumplir los acuerdos en marcha y no imaginamos que cualquier otro aparque sus compromisos”, afirmó.
“Nada que bloquear” En ese sentido, Erkoreka señaló que la negociación sobre las transferencias nunca se ha congelado porque no ha llegado a comenzar. “No hay nada que bloquear”, puntualizó. La única comunicación que Erkoreka y Sáenz de Santamaría han mantenido desde que el pasado mes de julio acordaron convocar una reunión ha sido para remitir a Madrid el listado de transferencias pendientes elaborado por los técnicos del Gobierno Vasco, que también fue trasladado a la Cámara y defendido por el lehendakari en el pleno de política general.
Por tanto, el Ejecutivo vasco se reafirma en su intención de mantener los canales de comunicación abiertos con La Moncloa a pesar del malestar que ha causado en el gabinete de Iñigo Urkullu la violencia policial exhibida en Catalunya el domingo. “El Gobierno Vasco necesita un marco de colaboración interinstitucional, y no por capricho, sino porque así lo exigen las demandas de la ciudadanía”, manifestó. En esa argumentación se inscribe, señaló, el trabajo por la consecución de uno de los pilares del acuerdo de gobierno entre PNV y PSE, el del cumplimiento y renovación del autogobierno vasco. Y aunque la situación no se ha calmado, ni mucho menos, tras el referéndum del 1-O, Erkoreka aseguró que “de cara al futuro” en Lakua abrigan “la misma expectativa que hace dos meses” de cara a negociar con Madrid. Es decir, ir completando el Estatuto de Gernika mediante el traspaso de las competencias pendientes y actualizadas mediante el listado recién elaborado, que actualiza el informe redactado por el exdirigente del PNV Joseba Zubia en 1993. Según esta actualización, quedan pendientes de traspaso 37 competencias. Las dos más relevantes, la de la Seguridad Social y la de prisiones, que tanto PNV como PSE ambicionan, son a su vez las que más reticencias despiertan en el Partido Popular. La primera porque consideran los populares que rompe la caja única de la Seguridad Social, un extremo que niega el Gobierno Vasco, y la segunda por la existencia de presos de ETA, a pesar de que la banda está desarmada y la competencia no afecta a la legislación penitenciaria. En el Gobierno español solo están dispuestos a negociar la ejecución de dicha transferencia si ETA se disuelve.