El día después

Ni los iniciales impulsores del procés ni los intransigentes que lo pusieron en cuarentena antes de comenzar, pudieron imaginar las consecuencias que iban a derivarse del inevitable choque de trenes. A estas alturas, ya ni siquiera merece la pena razonar que la cerrazón, la displicencia y el menosprecio con que el Gobierno español recibió la advertencia del referéndum obligaron a la Generalitat a tomar la decisión unilateral de convocar el referéndum y anunciar su desanexión de España sin reparar en urgencias ni en chapuzas parlamentarias. Ni siquiera merece la pena regresar al polvo del rechazo al Estatut como origen del lodazal que hoy desestabiliza de forma profunda al Estado español.

Lo que hoy se nos echa encima con urgencia es la incertidumbre del Día 2, del día después, cuando el choque de trenes ya se haya producido no se sabe aún con cuántas víctimas y ojalá que sean sólo víctimas políticas. En cualquier caso, caben las especulaciones fundadas de que las consecuencias van a ser nefastas para cualquier solución aceptable a corto y medio plazo.

Para empezar, lo que parece ya inevitable es que la mitad de la sociedad catalana -si no es más- va a dejar de ser española. Que se van. Y si no pueden irse legalmente, administrativamente, han dejado de ser españoles de afecto, de ejercicio y de legitimidad. Y, además, va a ser muy difícil que vuelvan. España, su Gobierno, los partidos centralistas, los medios de comunicación hooligans de la mano dura, ya no podrán contar con esa mitad de la sociedad catalana ni siquiera para despreciarla, y ese será su fracaso. Ya no estarán, y ese será una resta para la españolidad.

El día después, a cuenta de la inercia imparable que ha supuesto la decisión del Gobierno español de escudarse en la justicia en lugar de utilizar la política, comenzará la catarata de represalias contra Puigdemont y su Govern, y contra todas las autoridades o empleados públicos a quienes se considere responsables del incumplimiento de las leyes. Muy posiblemente asistiremos a una caza de brujas que lo mismo termina en multas millonarias que en la cárcel. El Govern y sus altos cargos, PDeCAT, Esquerra y la CUP en el ojo del huracán de la Fiscalía, del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y hasta del Tribunal de la Inquisición, inmolados en su intención de cumplir el mandato ciudadano.

El día después, o cuando vuelvan a sus acuartelamientos de origen después de haber ido “a por ellos”, las fuerzas y cuerpos sumarán un nuevo borrón a su ya maltrecha notoriedad, mientras los Mossos d’Esquadra se lamerán las heridas de una humillación que nunca se merecieron.

El día después, o mientras alguien no le pare los pies, el fiscal general del Estado se creerá el rey del mambo y solicitará las medallas y la autoridad que le corresponde por haber entrado como elefante en cacharrería en el conflicto deteniendo, multando, cacheando, prohibiendo, como sátrapa con mando en plaza, única y absoluta potestad del Estado en Cataluña. Nuevo y desaforado papel de la Fiscalía, a quien nadie ha votado y a quien nadie ha sido capaz de pararle los pies hasta que le ha sacado a codazos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De Guatemala a Guatepeor.

Muy posiblemente el referéndum habrá perdido su virtualidad, dadas las condiciones en que se ha celebrado. Muy posiblemente, el president Puigdemont se verá abocado a convocar elecciones anticipadas. Pero también muy posiblemente, por las clamorosas torpezas con las que ha actuado el Gobierno español, lejos de haber resuelto la fractura de la sociedad catalana se va a encontrar con que la actual mitad escasa de independentistas va a crecer de forma notable. Será consecuencia de la razonable reacción.