Bruselas - El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha informado esta semana en una nota a las diputadas y diputados del Parlamento Europeo Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu) que “sigue con interés” el caso de los jóvenes de Altsasu detenidos e imputados por un delito de supuesto terrorismo. Timmermans añade que en el caso de que el proceso judicial incumpla principios que consagran los tratados y la legislación comunitaria como el de la proporcionalidad de las penas, “se reserva el derecho de tomar las acciones apropiadas”.
El presidente Juncker ya consideró que los hechos denunciados merecían un seguimiento por parte del propio Timmermans. Este, en su respuesta, explica que si bien las causas penales son competencia de los Estados miembros, “estos deben respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando implementan la legislación europea”, y coincide, tal y como habían subrayado los eurodiputados, en que las penas impuestas a las personas deben ser “proporcionales a las acciones por las que puedan ser condenadas”. “La Comisión está siguiendo el resultado de este caso con interés y se reserva el derecho a tomar las acciones apropiadas como guardiana de los tratados”, concluye Timmermans.
Este apuntó que “la Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en el día a día del funcionamiento del sistema judicial penal de ningún Estado miembro” y que la cuestión de determinar la culpabilidad o inocencia en relación con un delito penal “es una cuestión de las que solo son responsables los Estados miembros”, en este caso el Estado español.
La instrucción del caso sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en un bar de Altsasu se ha ido enrevesando a medida que se conocían nuevos detalles. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela asumió la investigación tras observar indicios de un delito de terrorismo y el representante del Ministerio Público planteó recientemente penas de entre 12 y 62 años para los presuntos autores.
Los representantes de PNV, EH Bildu, IU y Podemos presentaron una iniciativa en el Parlamento Europeo en la que ponían sobre la mesa la “incorrecta trasposición” en el Estado español de la legislación europea que define el delito de terrorismo. Así, ponían en duda que las calificaciones realizadas por el fiscal encajen con las definiciones comunitarias sobre el delito de terrorismo y con la aplicación que hace el Código Penal sobre otros casos de agresiones contra agentes policiales. En concreto, consideraban que el Estado español no importa correctamente las leyes europeas y plantean la vulneración del artículo 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales, que hace referencia directa a la proporcionalidad de las penas. - DNA
