nueva york - “España debe respetar los derechos fundamentales en respuesta al referéndum catalán”. Esta es la advertencia que recoge un informe de expertos de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) sobre las medidas del Estado español para impedir la consulta del 1 de octubre. Los firmantes del informe son David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Alfred de Zayas, experto independiente encargado de promover un “orden internacional democrático y equitativo”.

Según se recoge en el informe, “independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas”. Así, Kaye y De Zayas instan a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas de cara al referéndum “no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública”.

Afirman que desde el auto del TC que suspendió el referéndum el pasado 7 de septiembre, “cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar”. “Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando imprentas y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado”, indican en referencia a la nula vía de comunicación entre Moncloa y la Generalitat.

Más adelante hacen referencia a la actuación contra lo que estaba considerado como el núcleo duro del referéndum, lo que llevó a la detención de 14 personas, entre ellas Josep Maria Jovè, el número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Hacienda del Govern. “Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión”, añaden. Es por ello que Kaye y De Zayas expresan su preocupación por los derechos de la ciudadanía. “Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”, aseguran.

Ambos expertos hacen también referencia al despliegue policial por parte del Gobierno español y a los miles de agentes de la Guardia Civil y de la Policía que han sido trasladados a Barcelona. De este modo, indican en su informe que el pasado día 21 más de 4.000 agentes de Policía fueron desplegados en Catalunya con una orden del Gobierno de Mariano Rajoy de “actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal”. “Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social”, subrayan estos dos expertos.

Kaye y De Zayas, que han mantenido varios contactos con el Ejecutivo español, muestran su esperanza en que la tensión no acabe derivando en actos violentos. “Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días”, sostienen.