Barcelona - Ayer se sustanció uno de los conflictos institucionales más peliagudos tras la prohibición del referéndum de independencia catalán por parte del Estado. La Fiscalía catalana puso a los Mossos d’Esquadra bajo la coordinación y las órdenes del Ministerio del Interior, y tanto el Govern como la jefatura de los Mossos rechazaron ese control. La dirección de la Policía catalana no comparte esa tutela y defiende sus competencias. Así lo trasladó ayer en una nota interna el major Josep Lluís Trapero. No comparte el control del Ministerio del Interior, pero al mismo tiempo pone en valor que los agentes catalanes siempre han acatado las órdenes del fiscal y lo seguirán haciendo. No quedó claro qué sucederá cuando llegue una orden de la Guardia Civil contra el referéndum ni si los Mossos deberán acatarla, lo que abre en cierto modo un escenario de inseguridad jurídica. La participación de los Mossos está siendo más bien discreta y de mínimos en esta crisis, y ayer se vio un pulso desde Madrid para que sean más activos.

La dirección de los Mossos d’Esquadra no quiere ponerse a las órdenes del Ministerio del Interior en el marco de las operaciones contra el referéndum. El Govern rechazó ayer cualquier conato de intervención por parte de Madrid, y reveló que el major de los agentes catalanes, Josep Lluís Trapero, comparte su criterio. La polémica se desató ayer cuando el fiscal superior catalán, José María Romero de Tejada, convocó a los mandos de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía española para comunicarles que todos ellos pasarán a trabajar bajo la coordinación del Ministerio del Interior. En concreto, asumiría el mando el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Los Mossos han estado en el ojo del huracán por su papel decisivo. Había dos opciones: que los agentes obedecieran a sus superiores jerárquicos en la Generalitat, o bien que acatasen las órdenes judiciales para detener a los cargos públicos que estuvieran implicados en los preparativos e, incluso, se incautasen de las urnas. Por ahora, su papel ha estado relacionado con actuaciones menores en defensa del orden público. De ahí que todo este tiempo haya sobrevolado la hipótesis de que Madrid asumiera su control. Cuando se barajó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, se especuló con activarlo para hacerse con las riendas de los Mossos. Ayer no hubo aplicación formal del artículo (se debe pasar antes por el Senado), pero el Govern cree que se está activando de facto, como el control a sus Presupuestos.

En las últimas jornadas, en sectores del Gobierno español se ha puesto en entredicho la labor de los Mossos. La Guardia Civil está llevando el peso de los interrogatorios, detenciones y registros, mientras que los Mossos tuvieron su intervención más relevante hasta la fecha el pasado martes, cuando desalojaron a una treintena de personas que trataba de impedir la entrada de la comitiva judicial en una empresa de mensajería.

En ese contexto, y con el argumento de que se están registrando problemas de orden público con las concentraciones de la ANC, Madrid está multiplicando el número de efectivos de las fuerzas de seguridad estatales en Catalunya. Son un total de 4.000 los que van a desembarcar. Permanecen alojados en ferris, y se desplegarán sobre el terreno el miércoles.

CHOQUE El fiscal catalán facultó al coronel de la Guardia Civil a convocar y dirigir “cuantas reuniones de planificación y coordinación del mencionado dispositivo sean menester con los responsables autonómicos de Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, debiendo dar cuenta del resultado”. “He dispuesto que la coordinación de los dispositivos que, en su caso, deban realizarse sea ejercida por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad, bajo mi personal dirección”, concluyó. Para Madrid, esto no supondría intervenir la labor de los agentes catalanes, y asegura que ya se produjo una coordinación similar tras los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils. Invoca el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Govern interpreta que, en realidad, se está intentando aplicar el artículo 46, que establece que el mando que prevalece en los dispositivos conjuntos es el de las fuerzas de seguridad estatales.

El conseller Forn se negó a aceptar “la injerencia del Estado”. El Govern cree que la decisión del fiscal no tienen ninguna percha jurídica. Cree que vulnera el artículo 164 del Estatut, que fija que el mando corresponde a la Generalitat; y que ignora la Ley Orgánica 2/86, que encarga a los Mossos la vigilancia de los espacios públicos. Además, detectan un fallo de forma porque el fiscal solo puede ordenar a los agentes que desarrollen una actuación concreta, pero no puede decidir quién debe coordinar las operaciones.

El Ejecutivo catalán estudia acciones ante los tribunales para defender su posición. Los Mossos también se pronunciaron a través de Twitter. “Seguiremos trabajando como hasta ahora: ejerciendo nuestras competencias para garantizar la seguridad y orden público y estar al servicio del ciudadano”, defendieron.