Sabíamos que el mes de septiembre venía calentito y que era previsible la intensificación de los ataques al referéndum del próximo 1 de octubre, pero no que llegara a tanto. Habría preferido no escribir sobre Catalunya pero el PP, PSOE y Ciudadanos están ayudando a Mariano Rajoy en una política de estado de excepción que me resulta imposible de eludir. Se están vulnerando los derechos de la ciudadanía y no puedo mirar para otro lado.

Contábamos con el lío que iban a montar apoyándose en los tribunales, en la extrema derecha, en la Guardia Civil y en aquellos medios de comunicación dedicados a la vituperación, difamación y engaño de la población. Imaginaba que habría apariciones estelares del Borbón, Susana Díaz y demás próceres de la patria con intereses evidentes de que se siga aportando a la caja para mantenerles a ellos y sus comunidades.

Eso era seguro y así ha sido; por lo tanto, pocas sorpresas en un Estado que de democracia, el nombre, y mucho de franquismo escondido -nunca se arrepintieron, siguen jactándose y no hubo depuraciones ni en los cuerpos de seguridad ni en ningún lado-.

Los argumentos contrarios a la libre expresión del pueblo catalán son falaces: dicen los partidos españoles que defienden la ley, la legalidad, la Constitución, mientras se lo niegan a quienes lo han decidido legítimamente, vía su gobierno y parlamento elegidos mayoritariamente por la ciudadanía. Una contradicción perversa que demuestra una vez más que la interpretación de derechos es según convenga en Madrid.

Las leyes no son inmutables ni están por encima de los derechos de las personas. Pues, no señor, la ley siempre está debajo de aquellas, y no se pueden sacralizar porque leyes también hubo en el franquismo o en otros regímenes dictatoriales -para mayor cachondeo, el franquismo se llamaba a si mismo democracia orgánica-. La democracia es otra cosa, algo que todavía no han entendido allende el Ebro.

Anda estos días por internet el recordatorio de una sentencia del Tribunal de La Haya, emitida a raíz de la independencia de Kosovo en 2008 que, por cierto, el Gobierno español entonces en manos del PSOE con el ministro Miguel Ángel Moratinos al frente de Exteriores no reconoció, evidentemente porque en el Estado existen tensiones nacionales como Euskadi o Catalunya -22 de los 27 países si lo hicieron-. Según ella, “no existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones unilaterales de independencia” y que “siempre prevalece la voluntad democrática frente a la legalidad constitucional de un Estado” ya que, en una sociedad democrática, a diferencia de una dictadura, “no es la ley la que determina la voluntad de los ciudadanos, sino que es ésta la que la modifica cuando sea necesario”. Ayer Kosovo, ¿mañana?

La sociedad catalana está dando muestras de una determinación que para mí y nuestro pueblo la querría, y sus políticos y políticas están dándonos lecciones de compromiso, generosidad y valentía. Que sirvan estas letras a modo de reconocimiento de ese pueblo que, en masa y pacíficamente, tomó las calles de Barcelona y otras ciudades reafirmándose en lo que ha decidido legítima y legalmente su Parlament y Govern.