Barcelona - El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona dejó ayer en libertad con cargos a todos detenidos por participar en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, entre ellos a los altos cargos del departamento de Economía que preside el vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Al mismo tiempo, les ha requerido que se abstengan de “realizar cualquier tipo de actividad directa o indirectamente” relacionada con el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional.
Después de que la Guardia Civil dejara el jueves en libertad con cargos a ocho personas, ayer el juez lo hizo con otras seis, entre ellas Jové y Salvadó, de forma que los catorce detenidos el miércoles por organizar la consulta están en libertad provisional. En un principio, el magistrado imputa a todos los arrestados los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación, aunque en las órdenes de detención la Guardia Civil atribuía a algunos de ellos el de sedición, castigado con penas de hasta 15 años de cárcel.
Tanto a Salvadó, que es también secretario general adjunto de ERC, como a Jové, ambos parte del núcleo duro del departamento de Economía que dirige Junqueras, les impuso además la obligación de comparecer semanalmente. En los autos en que decreta la libertad de los seis detenidos que ayer pasaron a disposición judicial, el magistrado hace constar, a propuesta de la Fiscalía, el requerimiento de abstenerse de realizar actividades relacionadas con la consulta del 1-O “y/o cualquier colaboración con la misma, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia”.
El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios consellers y cargos de ERC se desplazaron hasta la Ciutat de la Justícia para apoyar a Salvadó y a Jové, cuyas defensas solicitaron la recusación del juez instructor por cuestionar su imparcialidad, una petición que resolverá la Audiencia de Barcelona. Los seis detenidos que pasaron ayer a disposición judicial se acogieron a su derecho a no declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Tras comparecer ante el juez, quedaron libres, también con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado, Rosa Maria Rodríguez Curto, directora de servicios de T-Systems, y Pep Masoliver, director del área de información de la fundación Punt.cat. Quedaron en la misma situación el responsable de Estrategia e Innovación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Josuè Sallent, y el trabajador del Consorci d’Administració Oberta Juan Manuel Gómez. Ninguno contestó, por tanto, a las preguntas de la Fiscalía ni a las del juez instructor, que mantiene la causa bajo secreto de sumario.
Jové, destituido De forma paralela, el Govern catalán pidió ayer a la Sindicatura Electoral de Catalunya, creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum, que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos y observadores internacionales. El Tribunal Constitucional decidió multar con 12.000 euros diarios al número dos de Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, con la misma cantidad a cada uno de los cinco miembros de la Sindicatura y con 6.000 euros diarios a cada síndico territorial -también nombrados al crearse el ente- si no desisten de organizar el 1-O. Justamente ayer, el Ejecutivo de Carles Puigdemont acordó destituir de su cargo a Jové para librarlo de la multa, si bien formalmente no puede hacer lo mismo con los miembros de la Sindicatura Electoral porque fueron nombrados por el Parlament.
La finalidad de estas multas no es sancionar, sino obligar a que se cumpla la resolución del TC, por lo que solo se empiezan a imponer si se persiste en el incumplimiento a partir del día siguiente de que el BOE publique la resolución -precisamente, se publicó ayer-. Fuentes de la Generalitat citadas por Efe agradecieron a la Sindicatura Electoral de Catalunya la “finalización de sus trabajos de supervisión del referéndum” y pidieron a sus miembros que cedan el testigo a “entes públicos, académicos e internacionales” para que “sigan observando el desarrollo efectivo” del 1-O.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, celebró la puesta en libertad de los altos cargos detenidos por el referéndum, y les trasladó: “Vuestra dignidad es su vergüenza”. En un mensaje en Twitter, calificó de injusta y abusiva la detención de sus “amigos y compañeros”, reafirmó su compromiso con el referéndum y acusó al presidente español, Mariano Rajoy, de haber cruzado “muchas líneas rojas”. Por su parte, ERC y la CUP coincidieron en considerar que las detenciones vinculadas con la organización del 1-O “son ilegítimas y pisotean los derechos básicos” en toda democracia.
