“El PP no puede decir que la Ley de abusos no vale y no hacer nada”

-En el caso de la tortura hay un elemento previo, ni siquiera existe el reconocimiento de que hubo épocas en las que la tortura fue generalizada. Eso ocurre porque determinados gobiernos creen que reconocer la tortura significa legitimar algo, cuando es simplemente reconocer que se practicó un delito y que las víctimas merecen verdad, justicia, reparación y reconocimiento.

¿Supone un escollo para ese reconocimiento la dificultad para probar torturas cuando estas se han producido hace décadas?

-La investigación no la tiene que hacer la víctima, la tienen que hacer las autoridades, pero incluso aunque no se avanzara en la investigación, lo que marca el derecho internacional es que el hecho ocurrió y por tanto la víctima tiene que ser reparada.

¿Es la admisión de la tortura un tabú incluso mayor que el del terrorismo de Estado para los gobiernos centrales?

-La tortura la cometieron funcionarios del Estado, y eso al Estado efectivamente le incomoda, pero es claro que si toda la comunidad internacional, toda, desde el sistema de Naciones Unidas, el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta Amnistía Internacional dicen que no se ha investigado, y además un tercio de los pocos agentes condenados son indultados, se demuestra que no se combate la tortura con determinación.

¿Qué papel juega la Justicia, en principio ajena a los designios del poder Ejecutivo?

-Ha habido una falta obvia de investigación judicial. Si el Tribunal Europeo condena siete veces desde 2010 a las autoridades españolas es porque no ha habido investigación judicial, pero tampoco la ha habido por parte del poder Ejecutivo, y eso es muy serio. Por otro lado, nos llena de esperanza una sentencia de 2016 del Tribunal Supremo que obliga a seguir investigando, esperemos que deje de ser un tabú. Ahora lo que se intenta (con la Ley de abusos policiales) es crear un mecanismo no judicial, un mecanismo de reparación, de garantías de no repetición. Es también importante constatar que el principal elemento que provocaba la tortura es el régimen de incomunicación, que en 2015 y 2016 apenas se ha utilizado. Estamos en un momento importante porque se podría eliminar, y en nuestra opinión es el espacio en el que se producen la mayoría de los malos tratos.

ETA ya no está activa. ¿Sería aventurado aseverar que como consecuencia de esto la tortura ya no se practica en España?

-No, no podemos decir eso. De hecho, Amnistía ha documentado casos de malos tratos en el contexto de manifestaciones, por ejemplo, y toda la legislación antiterrorista, el régimen de incomunicación, la falta de definición del delito de torturas según estándares internacionales y la propia falta de reconocimiento de que se han producido malos tratos todavía son elementos peligrosos. Ahora mismo la legislación antiterrorista es más restrictiva desde 2015 por el yihadismo.

La Ley de abusos policiales está en el Constitucional; si el fallo ratificara la postura del Gobierno español, ¿tendrían las víctimas de tortura capacidad para acudir a instancias superiores, es posible esa vía?

-Claro que sí. El Gobierno no puede decir que no vale porque invade competencias y no hacer absolutamente nada, estaría entendiendo que hay un delito que no quiere investigar, y eso es muy grave. Las víctimas podrán recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las circunstancias políticas en España han cambiado y el Parlamento Vasco hace presión. ¿Podría cambiar la predisposición del PP? Rajoy ha dicho esta semana en el Senado que está dispuesto a hablar.

-Efectivamente cuando no hay mayorías absolutas entran en juego la negociación y los consensos. Además, han pasado seis años desde que ETA dejó de matar y amenazar, y el Gobierno Vasco está acometiendo un proceso de reparación. Quizá las cosas están menos tensas y se pueda poder avanzar, pero independientemente de eso, esto no es algo discrecional, es la obligación del Estado.

En la comisión de verificación contemplada en la Ley está el meollo de las trabas del Gobierno a la norma. ¿Hay ejemplos de órganos similares en otros países?

Claro. De 1975 a 2010 ha habido en 45 países mecanismos extrajudiciales, se pueden llamar comisiones de la verdad, comisiones especializadas... Pero en cualquier caso son órganos que se combinan con los mecanismos judiciales, ¿por qué España tiene que ser una excepción?

¿Es el caso del reconocimiento a los torturados un paso inevitable para superar la etapa de la violencia?

-Se ha avanzado bastante en relación a las víctimas del terrorismo, pero falta una parte importante que tiene que ver con el Estado, sea en relación a grupos ilegales como el GAL o a delitos de tortura. La experiencia de Amnistía Internacional nos dice que no pasas página si no lees la página, porque hay mucha gente que no se va a conformar.