barcelona- Los aparatos del Estado han dado una vuelta de tuerca en su ofensiva contra los medios de comunicación que inserten publicidad institucional sobre el referéndum del 1 de octubre. La Fiscalía pidió ayer oficiar al jefe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil que le informe de qué medios de comunicación públicos y privados con sede en Catalunya -a excepción de TV3 y Catalunya Ràdio, ya apercibidos por el Tribunal Constitucional- han insertado cualquier tipo de publicidad institucional para requerirles que cesen de publicitarla.
En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pidió a la Guardia Civil que se encargue del cierre de la web garanties.cat, pese a que no se constata que esté administrada directamente por el Govern, porque su contenido “es claramente atentatorio de las advertencias de que tal Gobierno ha venido siendo objeto y cuya desatención ha provocado estas diligencias”, al constatar la estrecha relación de dicha web con la celebración del referéndum.
Y sobre la web de los voluntarios https//connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017, considera que sigue “el camino trazado por el Govern en clara confrontación objetiva con las resoluciones del Tribunal Constitucional, de claros indicios de criminalidad”.
En un auto emitido ayer, la magistrada instructora de la querella, Mercedes Armas, justifica su decisión argumentando que “la medida se ofrece ponderada y proporcionada, pues la información y opciones de participación directa en el referéndum por parte de los ciudadanos que se contienen en dichas páginas ponen en riesgo evidente el efectivo acatamiento de las resoluciones judiciales”.
La magistrada también ha desestimado fijar fianzas para el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los miembros de su Govern ya que considera que “no ha lugar, por el momento”, fijar fianza a los querellados para el aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
El listado de actuaciones judiciales contra la logística del referéndum se amplía con la querella que ayer presentó la Fiscalía de Barcelona contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya, Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tania Verge y Josep Pagés, por realizar actos de ordenación, regulación e impulso de la consulta prohibida por el Tribunal Constitucional. En el escrito presentado ayer en el juzgado de guardia de incidencias de Barcelona, la fiscal jefe, Ana Magaldi, les acusa de los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación, considerando sus actuaciones “una clamorosa manifestación de desprecio al principio de autoridad representado por el Tribunal Constitucional”.
La fiscal considera que los querellados han realizado actos de ordenación, regulación e impulso de un proceso electoral previsto en una ley previamente suspendida por el TC y amparándose en un nombramiento igualmente suspendido constitucionalmente, “careciendo así de toda facultad para el desempeño de las funciones que se atribuyen”.
En su escrito, la fiscal pide que se ordene a la directora de publicaciones del Diari Oficial de la Generalitat y al responsable de publicaciones del Butlletí Oficial del Parlament que se abstengan de dar publicidad a los acuerdos dictados y que pudiera dictar la Sindicatura electoral, bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia.
La Sindicatura es el órgano que, según la ley del referéndum, controlaría el proceso de votación del día 1 de octubre y velaría por su buen funcionamiento. Sería el análogo lo que ahora es la Junta Electoral y, según la ley promulgada, estaría formado por 5 juristas y politólogos “de reconocido prestigio”. - DNA
