barcelona - El Govern evitará el control financiero de Madrid y dejará de enviarle los informes semanales sobre sus gastos. Ese envío semanal fue exigido por el Gobierno español para asegurarse de que las autoridades catalanas no destinasen ni un solo euro del fondo de liquidez autonómica a financiar el referéndum de independencia. Una vez aprobadas las leyes del referéndum y la desconexión, el Govern entiende que este trámite no tiene ningún sentido y ayer escenificó el primer acto de ruptura con España. El Gobierno de Mariano Rajoy responderá hoy activando un paquete de medidas en el Consejo de Ministros, aunque en principio se descarta que opte por cerrar el grifo del rescate autonómico, un dinero que sirve para pagar a los proveedores y sufragar la deuda. Esa medida se entendería como un castigo a los catalanes, daría munición al independentismo y sería nefasta para la imagen del PP en Catalunya. Desde 2012, Catalunya ha recibido 63.000 millones en el marco de ese plan de rescate.

Ayer se apuntaba la posibilidad de que Madrid entregue el dinero en pequeñas remesas siempre y cuando el Govern justifique previamente a qué lo va a destinar, lo que supondría volver al modelo ya fracasado e, incluso, redoblar el control sobre el Govern. También se apuntó la posibilidad de que Madrid asuma directamente el pago a los proveedores para no dejar el dinero en manos del Govern ni permitirle que lo administre.

La ruptura de ayer fue parcial y solo persigue evitar el control sobre el referéndum. El Govern seguirá en contacto con Madrid para cumplir los objetivos de déficit y deuda y hacer seguimiento del plan de ajuste. El Ejecutivo de Puigdemont aclaró en su momento que no pensaba ni remotamente utilizar el dinero del fondo de rescate para el referéndum, pero le pareció inadmisible que Madrid hurgara cada semana en sus finanzas.

El encargado de remitir ese informe, el conseller de Economía, Oriol Junqueras, comunicó por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de enviarlo. Junqueras argumentó que el régimen jurídico aprobado por el Parlament para garantizar la celebración del referéndum es incompatible con las medidas establecidas en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 21 de julio, por el cual se adoptaron “medidas adicionales para garantizar en Catalunya la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de la Constitución y las leyes”, lo que se tradujo en la redacción de ese informe semanal.

Junqueras denunció que esas medidas “suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia”. El vicepresident quiso hacer compatible esta ruptura con el compromiso de la Generalitat con la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera, que “se mantiene inalterable, como se demuestra en la mejora de la situación económico financiera de la Generalitat”. En ese sentido, recordó que el Govern comunica con cierta regularidad al ministerio la fase en la que se encuentra el plan de ajuste.

“Pese al desacuerdo entre los dos gobiernos sobre la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya, compartimos con el ministerio que usted preside la necesidad de seguir colaborando en todos los aspectos que hacen referencia a la estabilidad presupuestaria y financiera de Catalunya y de España”, defendía Junqueras en su misiva.

A pesar de la ruptura en el plano del control financiero, el vicepresident sostuvo que la voluntad del Govern es “seguir apostando por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Catalunya y España”. Junqueras repitió que su gobierno sigue dispuesto a llegar a un acuerdo sobre el referéndum. Es una incógnita cómo responderá Madrid. Desde el Gobierno español lanzaron ayer el mensaje de que no se va a perjudicar a los proveedores.