madrid - La diputada del PP catalán Alicia Sánchez Camacho avanzó ayer su negativa a apoyar en el Pleno del Congreso de los Diputados la proposición no de ley del PSOE que busca que la Cámara Baja declare la nulidad de todas las sentencias políticas de los tribunales franquistas, incluida la que condenó a muerte a Lluis Companys, presidente de Catalunya en la Segunda República y a quien la parlamentaria popular acusó de haber dado un “golpe de Estado”.

Durante su intervención en el hemiciclo, Sánchez Camacho rechazó la iniciativa por ir más allá de lo previsto en la Ley de Memoria Histórica que, a su juicio, ya reconoce la ilegitimidad de los tribunales franquistas y, por tanto, la ilegalidad de sus sentencias. Pero también hizo hincapié el momento elegido por el PSOE para plantear este tema, justo en puertas del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, cuando “algunos han querido estirar las costuras del constitucionalismo”.

Sánchez Camacho no se quedó ahí y pasó a asegurar que, para el PP, Companys “no es un símbolo” y que no fue “el presidente de todos los catalanes”. En este punto, subrayó que lo que hizo Companys fue entrar en el Ayuntamiento de Barcelona el 14 de abril de 1931 y, ante un alcalde monárquico, proclamar la República. “El 6 de octubre dio un golpe de Estado y por eso fue condenado por el Tribunal de Garantías de la República, aunque luego fue indultado”, añadió.

En su intervención en defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE Meritxell Batet explicó que la Ley de Memoria ya declara ilegítimos a los tribunales franquistas y sus sentencias, lo que es “el juicio más severo al que se pueden someter”. A su juicio, “declararlas ilegítimas es declararlas nulas de pleno derecho”, si bien reconoció que las víctimas y organizaciones memorialistas han seguido reclamando a la Cámara la declaración de nulidad de las mismas.

De su lado, el portavoz de ERC, Joan Tardà, denunció la “hipocresía y cinismo” con el que actúa el PSOE en esta materia y recordó que, precisamente por pensar que la ilegitimidad de los tribunales no implicaba la anulación de las sentencias políticas, su formación votó en contra de la Ley de Memoria Histórica en 2007.

También el PNV, a través de su diputado Mikel Legarda, avanzó su apoyo a la iniciativa, aunque la juzga insuficiente porque no tendrá consecuencias jurídicas para los afectados, al igual que no lo hizo la Ley de Memoria Histórica, cuya reforma también reclamó al PP. - E.P.