La aprobación mañana en el Parlament catalán de la ley del referéndum supondrá un paso fundamental de cara a la celebración de la consulta independentista del 1 de octubre que busca la desconexión respecto del Estado. Un proceso en el que, de forma paralela, al Govern le urge demostrar que tiene la capacidad de funcionar como un país independiente. El gabinete liderado por Carles Puigdemont dio ayer un paso de gigante en este sentido al presentar la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), que definió como una “auténtica estructura de Estado” y que ha culminado su techo competencial, asumiendo la gestión plena de los principales impuestos cedidos por España.

“Muchos auguraban que todo esto acabaría en catástrofe, y hoy ya estamos preparados para funcionar bien como un país”, dijo Puigdemont en una comparecencia llena de frases triunfalistas, en la que estuvo acompañado por el vicepresident, Oriol Junqueras. Agregó que, con el despliegue territorial y competencial de la ATC, se ponen “las estructuras necesarias para que Catalunya esté preparada para dar respuesta a la voluntad que expresen los catalanes en el referéndum del 1 de octubre”. Junqueras detalló que este ente está listo para recaudar 42.000 millones de euros en impuestos, 15 veces más de lo previsto para este año y 34 veces más de lo que se recaudó cuando se inició el despliegue de la nueva red de oficinas en 2015.

Este organismo, que se constituye en el embrión de la futura Hacienda catalana, hasta ahora solo gestionaba impuestos no periódicos ni masivos -como el de donaciones y sucesiones-, pero ahora ya tiene capacidad de ingresarlos todos. Así, el primero de los impuestos masivos y periódicos que ha empezado a tramitar es el que grava las bebidas azucaradas, al que seguirán en octubre el pago del IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades de unas 700 entidades públicas y de los entes locales que lo pidan -por ahora lo han solicitado unos 120-. Además, se ha pasado de tener cuatro oficinas de la ATC a 32, mientras que los actuales 321 empleados serán 800 en diciembre.

En su comparecencia de ayer, Carles Puigdemont defendió que la Agencia Tributaria de Catalunya es una auténtica estructura de Estado que da “absoluta seguridad jurídica” a ciudadanos y organismos, y que distribuir sus oficinas ha sido un “hito histórico”. Oriol Junqueras agregó que, si el sí a una república catalana es mayoritario el 1-O, está “seguro de que el Estado contribuirá a dialogar” con la Generalitat para hacer el traspaso de las competencias tributarias del mejor modo posible. Preguntado por si la ATC quedaría sobredimensionada en caso de ganar el no en el referéndum y si se desactivaría como Hacienda propia, Junqueras lo rechazó. “En todo caso, se adaptará a los retos del futuro, sean cuales sean”, dijo.

Frente a esta exhibición de músculo gestor, el Ministerio de Hacienda recordó el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y advirtió de que hacerlo indebidamente ante la Agencia Tributaria catalana puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal. En un comunicado, el departamento que dirige Cristóbal Montoro subrayó que, si bien Catalunya es competente para gestionar sus propios tributos, como el resto de CC.AA. de régimen común, no puede asumir los que no le compete gestionar. Así, advirtió a los contribuyentes que presentar sus declaraciones ante la administración indebida implica que “se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas”. Añade que, “en su caso, estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública”.

Negociación inmediata Posteriormente, Carles Puigdemont adelantó que, si gana el sí, pedirá al Gobierno español negociar la transición hacia la independencia la misma noche del 1 de octubre. En un almuerzo con corresponsales en el Palau de la Generalitat, detalló que si el resultado del referéndum es favorable a la república dirigirá “una apelación, una propuesta, una llamada” al Ejecutivo de Mariano Rajoy para sentarse a negociar, según fuentes citadas por Europa Press. El president dijo que la aprobación de la ley del referéndum dará la cobertura legal necesaria para organizar la votación, y agregó que la transición hacia la independencia se acordará “sí o sí”, ya que es una obligación, “incluso moral”, para el Estado.

El conseller de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, admitió por su parte no saber “dónde están las urnas”. “En el fondo del mar no están”, bromeó en una entrevista en RNE. Añadió que todos los detalles se concretarán cuando se convoque el referéndum, y que primero hay que aprobar el amparo legal del 1-O, lo que está previsto que tenga lugar mañana en el Parlament. Esta semana “habrá novedades porque el referéndum está a la vuelta de la esquina”, zanjó.