Esta semana las instituciones catalanas emprenderán un camino inédito que bien podría no tener vuelta atrás. La ley del referéndum que el Parlament aprobará este miércoles y el Govern firmará, expone por primera vez al president y a sus consellers a inhabilitaciones y sanciones por parte del Estado español. Ya no se trata de un simulacro como el 9-N, sino que la Generalitat pretende aplicar el resultado de la consulta con todas sus consecuencias. “Todo el mundo sabe íntimamente que esta vez va la vencida”, expresó ayer Puigdemont.
El president considera que “el 1-O lo cambia todo” en la política catalana y española. “Independientemente del resultado, es imposible que haya un gobierno español que no adopte a partir de ese día un cambio de actitud radical respecto a la actual”, aseguró ayer Carles Puigdemont en una entrevista en La Vanguardia. Asimismo, explica que la Generalitat ya tiene a su disposición “más de 6.000” urnas y que todo estará preparado para que los ciudadanos acudan a votar con garantías una vez que el Govern apruebe el decreto de convocatoria.
Así las cosas, y a menos que el Estado impida la votación, todo apunta a que el 1-O será el culmen del procés. La Generalitat ya tiene las urnas, la maquinaria electoral y el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos, y ultima el entramado necesario para dotar de legalidad a la consulta. Ahora, Catalunya se prepara para afrontar una semana clave, en la que se aprobará la ley del referéndum y el Govern tendrá que rubricar el decreto. Según lo previsto, el Parlament aprobará la norma en el pleno del miércoles. Aunque la cuestión no está incluida en el orden del día, Junts pel Sí y la CUP invocarán el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara para poder realizar la votación al momento. Una vez la ley salga adelante, y de manera inmediata para no dejar margen a impugnaciones, Puigdemont firmará la convocatoria del referéndum.
Lo que no es seguro es que esta semana se apruebe otra de las normas de peso, la ley de transitoriedad, que serviría para pasar del marco legal español a una nueva legalidad catalana en caso de una victoria del sí. Está por ver si la Generalitat decide tramitarla en los próximos días, aunque su aprobación no es tan urgente como la de la ley del referéndum, ya que la transitoriedad entraría en vigor después de la consulta. De cualquier manera, Junts pel Sí y la CUP acordaron rubricarla antes del 1-O.
El éxito de todo este proceso dependerá de cómo reaccione el Estado español. Mariano Rajoy ha afirmado en todo momento que la votación no tendrá lugar, pero no especifica cómo lo hará. En este escenario, el presidente del Gobierno intensifica esta semana las reuniones para analizar los movimientos de la Generalitat. Hoy mismo, se reúne con la dirección de su partido para, entre otros asuntos, fijar los pasos a seguir en Catalunya. Asistirá al encuentro toda la cúpula del PP: desde los barones regionales hasta diputados y senadores. Además, Rajoy celebrará un consejo de ministros extraordinario el miércoles o el jueves, coincidiendo con la aprobación de la ley del referéndum en el Parlament.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha advertido de que “el día que firmen” la convocatoria del referéndum “habrán firmado directamente que salen de la democracia” y entonces “la democracia actuará con todas sus armas”. De esta manera, el Estado español contempla “todos los escenarios posibles” y asegura que tiene “los instrumentos necesarios” para que la votación no tenga lugar. De hecho, Sáenz de Santamaría, que preside la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, mantiene “activo” este órgano de coordinación estatal, para que el Ejecutivo actúe de forma inmediata en cuanto se tramiten la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.
Además, el Gobierno cuenta con la actuación urgente del Tribunal Constitucional, que también se reúne esta semana. Fuentes próximas al TC señalan a Efe que una de las posibilidades es que, cuando el Parlament tramite y apruebe las llamadas leyes de desconexión, el Ejecutivo de Rajoy pida un incidente de ejecución contra los pasos hacia el referéndum dados por las instituciones catalanas.
DESOBEDECER AL CONSTITUCIONAL Llegados a este punto, a las autoridades catalanas no les quedará otro remedio que comenzar a desobedecer la legalidad española. En ese sentido se pronunció ayer el exalcalde de Barcelona y dirigente del PDeCAT, Xavier Trias, que explicó que, aunque les gustaría hacer las cosas legalmente, ha llegado un punto en el que “te tienes que plantar” y convocar el referéndum por la independencia “de todas todas”.
En declaraciones a Catalunya Radio, Xavier Trias opinó que “hay elementos en la historia del país en que intentas hacer todas las cosas legales, pero llega un momento en que te tienes que plantar y se tiene que hacer”. Así, el exalcalde de la capital catalana asegura que seguirán adelante con la convocatoria si el 1-O es declarado ilegal por el Constitucional. “Se ha de intentar hacer legal, pero en un momento se tendrá que tomar la decisión de hacer las cosas”, aunque sea fuera de la legalidad española.
Llamamiento A NO VOTAR Por su parte, el PSC anunció ayer que si la Generalitat convoca finalmente el referéndum, harán un llamamiento a sus votantes y a la ciudadanía en general para que no acudan a votar. Así lo expresó el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que alertó además de que la ley de transitoriedad que prevé aprobar el Parlament tiene a su juicio dos objetivos: intentar demostrar al mundo independentista que “se va en serio”, y “atemorizar” a los no independentistas para que acudan a votar no y así aumentar la eventual cifra de participación.
Miquel Iceta considera que el 1-O no será vinculante, no tendrá garantías y estará fuera de la legalidad. Por tanto, el PSC intentará disuadir a la ciudadanía de acudir a las urnas. “En el momento en que haya la perspectiva de hacer un referéndum que es ilegal, es obvio que diremos a nuestra gente y a los ciudadanos en general que no se ha de participar. Es de cajón”, argumentó.
Mientras tanto, el PP catalán contempla como mecanismo adecuado para impedir el 1-O la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía de Catalunya. Así lo expresó ayer su líder, Xavier García Albiol, que cree, “aunque algunos han pretendido vestirlo de demonio”, el 155 es un resorte con “carga democrática”. Además, emplazó al resto de fuerzas de la oposición en el Parlament a que aclaren cuál es su estrategia para evitar el referéndum: “Sabemos lo que no quieren PSOE y Ciudadanos, pero el conjunto de los catalanes que no apostamos por la ruptura y el resto de los españoles queremos saber qué es lo que proponen estos partidos”.
