BArcelona - A poco más de un mes para el referéndum unilateral de independencia, el Govern aprieta los dientes para encarar el esprint final reiterando que hará oídos sordos a lo que dictamine el Tribunal Constitucional y que obedecerá exclusivamente a la voluntad del Parlament, donde Junts pel Sí y la CUP gozan de una desahogada mayoría absoluta para que la hoja de ruta prospere. Pero, al mismo tiempo, los soberanistas tratan de embrollar esa réplica judicial de Madrid a pesar de su anunciada rebeldía. Y lo hacen exprimiendo los plazos con inexistentes avances en el itinerario parlamentario de las normas de desconexión, ya que ninguno de los dos principales documentos ha sido siquiera tramitado con el objetivo de demorar al máximo el recurso que impondrá el Gobierno español de manera inmediata.

El portavoz del Govern, Jordi Turull, volvió a recalcar ayer que no harán caso al veredicto del alto tribunal español, cuyos miembros están en alerta para una posible reunión la semana que viene. “Seremos absolutamente leales al mandato que salga del Parlament. Obedeceremos con todas las consecuencias”, recalcó dando por sentado que cualquier avance en la aprobación de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació y la de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República será derribado por el Constitucional. De hecho, el también conseller de Presidencia denunció injerencias de Moncloa en su funcionamiento. “Las ruedas de prensa del TC las podría dar un ministro”, ironizó.

Todos los actores políticos están preparados ya para un septiembre especialmente caliente en Catalunya. El tiempo apremia y todavía quedan muchos cabos que atar antes del plebiscito unilateral del 1-O. La promesa de aprobar la ley de transitoriedad antes de ese día parecía haber calmado las aguas en el continuo tira y afloja que caracteriza las tirantes relaciones entre Junts pel Sí y la CUP. Sin embargo, ahora los anticapitalistas quieren bajar a terreno más concreto y redondear claramente una fecha en el calendario. Su exigencia pasa por tener aprobadas las dos principales normas la semana que viene. Todo responde a la frontera psicológica que han establecido en la Diada, que se celebrará como cada año el 11 de septiembre. Los cupaires quieren que las calles se llenen de proclamas a favor de la independencia con los deberes hechos de antemano.

La tardanza en sacar adelante las leyes de desconexión está impacientando a los representantes de la CUP, que no tienen voz en la Mesa del Parlament, órgano encargado de tramitar las iniciativas que pasan al Pleno. En la reunión celebrada ayer tampoco se debatió sobre ninguno de esos dos documentos, aunque eso no es óbice para que puedan ser aprobadas por el hemiciclo gracias a varios mecanismos contemplados en el reglamento. Una de esas posibilidades es que recale como decreto, algo que los cupaires quieren desechar porque la iniciativa sería del Ejecutivo de Puigdemont y no de los grupos parlamentarios.

Ayer la diputada Mireia Boya criticó que el Govern esté optando por “una estrategia de las astucias” en vez de por “la de la participación”. La formación asamblearia sigue intentando marcar los tiempos de Junts pel Sí para no pillarse los dedos. De hecho, el flemático ritmo en los procedimientos parlamentarios podría crear una gran paradoja. En caso de que la Llei del Referèndum d’Autodeterminació no se aprobara antes del día 15, la campaña electoral para la votación arrancaría sin la convocatoria oficial sobre la mesa.