Barcelona - La presión que se viene ejerciendo sobre el proceso soberanista catalán hizo ayer mella en uno de los principales agentes encargados de impulsarlo, la Mesa del Parlament. Todo estaba dispuesto para que, en su primera reunión tras el periodo estival, admitiera a trámite la Ley del Referéndum que pretende dar cobertura a la consulta del 1 de octubre, pese a que no estaba incluida en el orden del día. Era además el procedimiento habitual al tratarse de su regreso a la actividad después de que Junts pel Sí y la CUP registraran la nueva ley el 31 de julio. Pero con el Consejo de Ministros y el Tribunal Constitucional celebrando sendas reuniones por la tarde, atentos a cualquier movimiento para recurrir y suspender de inmediato la Ley del Referéndum, la presidenta de la Mesa del Parlament, Carme Forcadell, admitió que finalmente no incluyó este punto en el orden del día por el adverso panorama judicial que tienen por delante.
“No hay que ser inocente, sabemos la judicialización que hay de la política”, aseguró a los medios de comunicación después de que se confirmara que la tramitación de la ley tendrá que esperar. Apeló también a la “complejidad” de esta norma para postergar su entrada en la vía parlamentaria, a priori el paso previo necesario para su aprobación en el pleno de los próximos 6 y 7 de septiembre. Pero a nadie se le escapa la situación como investigada -antes imputada- en que se encuentra Forcadell, al igual que otros cuatro miembros de la Mesa. “Sabemos la situación de judicialización de la política que estamos viviendo y la situación en la que estamos los miembros de la Mesa”, agregó en referencia a la investigación judicial sobre ella y sus compañeros soberanistas en el órgano que rige la Cámara.
No en vano, Carme Forcadell acudió a declarar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el pasado 8 de mayo por presunta prevaricación y desobediencia, tras permitir que el Parlament votara el 6 de octubre dos resoluciones en favor del referéndum independentista pese a existir un mandato expreso del Tribunal Constitucional en sentido contrario. Ese mismo día declaró también la secretaria primera del Parlament, Anna Simó, y en los días siguientes pasaron por sede judicial el vicepresidente Lluís Corominas, la secretaria cuarta Ramona Barrufet y el secretario tercero Joan Josep Nuet. La tensión del momento no solo se ha dejado sentir en el legislativo, ya que las dudas hacia el referéndum del 1-O expresadas por el exconseller de Empresa, Jordi Baiget, provocaron su destitución fulminante y abrieron la puerta a toda una serie de cambios en el Govern de Carles Puigdemont con el fin de incorporar a cargos totalmente implicados con el procés.
El desarrollo de los acontecimientos desembocó ayer en una reunión de la Mesa del Parlament especialmente tensa. Fuentes parlamentarias citadas por Europa Press aseguraron que los portavoces del PSC y Ciutadans exigieron seguir “el procedimiento de siempre” y abordar la Ley del Referéndum. Alegaron que la Mesa del Parlament debe quedar al margen de ideologías y tramitar los asuntos del modo más neutral posible, por lo que censuraron que Forcadell “actúe de parte y decida cuándo tramita las cosas en función de los intereses de unos grupos”. La oposición criticó también que se haya abierto el Parlament la segunda quincena de agosto -la actividad suele empezar en septiembre- para empezar a preparar el camino hacia el referéndum y que finalmente no sucediera así. Por su parte, Forcadell argumentó que no tenía la obligación de incluir esta iniciativa en el orden del día, si bien admitió que es el procedimiento que se sigue habitualmente, y explicó que sigue estudiando el momento más adecuado para dar trámite a la ley.
En el apartado de reacciones, fuentes del Gobierno español citadas por Efe consideraron que lo ocurrido ayer es la demostración palpable de que el proceso independentista “vive una situación de absoluto desconcierto”. Agregaron que ello obedece a la pérdida de apoyos populares, la radicalización, la “purga de cualquier voz moderada” y el intento de “escapar de sus responsabilidades” por parte de los máximos dirigentes soberanistas. El portavoz del PP Pablo Casado advirtió de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene muchos resortes para responder con “firmeza y proporcionalidad” a las ilegalidades del secesionismo catalán, unos “trileros”, dijo, que esconden su hoja de ruta y esperan “una respuesta pasada de vueltas” para presentarse como víctimas.
Que lo asuma el Govern Así las cosas, sigue abierto el mismo escenario de posibilidades de cara a tramitar la Ley del Referéndum en la próxima reunión de la Mesa del Parlament el 22 de agosto y en las semanas sucesivas. Con el primer pleno del nuevo curso político previsto los días 6 y 7 de septiembre, antes tendrá que fijarse el orden del día por parte de la Mesa y la Junta de Portavoces. Otra de las opciones es que sea el Govern, y no los grupos independentistas, el que asuma esta norma mediante un proyecto de ley o un decreto ley. También ayer, el TSJC notificó a los miembros de la Mesa la suspensión de la reforma del reglamento por parte del Constitucional para permitir la desconexión exprés. El alto tribunal rechazó además por la tarde el recurso del Govern contra la suspensión.
