vitoria - Una de las iniciativas más polémicas de la primera legislatura de Mariano Rajoy en Moncloa, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, tiene un incierto futuro tras la aprobación, el pasado 21 de marzo, de sendas mociones del PSOE y del PNV para derogarla y para modificar 44 artículos de la misma, respectivamente. Este proceso se extenderá hasta final de año y puede dar al traste con la ley Mordaza, como la han rebautizado sus detractores, dada la situación de minoría del PP en el Congreso. Mientras, la sucesora de la llamada Ley Corcuera o de la patada en la puerta de 1992 está en vigor desde el 1 de julio de 2015 -el PP la aprobó en solitario en marzo de ese año-, lo que en el caso de Euskadi se ha traducido en la imposición de 5.270 sanciones; la gran mayoría corresponden a la Ertzaintza, que tiene la competencia en seguridad ciudadana, y 768 a la Policía española y Guardia Civil. En este último caso, se ha traducido en multas por un importe total de 493.771 euros.
El origen de esta normativa se encuentra en la crisis económica que comenzó en 2008 y cuyos años más duros se tradujeron en una histórica movilización social contra los recortes en el Estado de bienestar. Movimientos como el 15-M, los indignados y Rodea el Congreso pusieron contra las cuerdas a los dirigentes políticos, primero en el tramo final del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y después de lleno en la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy. El Gobierno del PP respondió a este levantamiento popular con la ley Mordaza, que según el PSOE “cercena derechos fundamentales, principalmente el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libertad de información, y trata de disuadir de su ejercicio, imponiendo una mordaza a ciudadanos y medios de comunicación”, según reza en la moción que busca tumbarla.
Controversia Aunque llegó muy rebajada a su aprobación debido a la amplia contestación que suscitó, la cuantía económica de las sanciones es uno de los aspectos más controvertidos de la nueva normativa. La misma asume lo que hasta ese momento se consideraba como faltas y pasaron a convertirse en infracciones administrativas: las muy graves están multadas con entre 30.001 y 60.000 euros, las graves de 601 a 30.000 euros y las leves de 100 a 600 euros. Fuentes del Departamento de Seguridad aseguraron que, en lo que a sus competencias se refiere, “en general los expedientes tramitados por sanciones graves se fijaron en cantidades que oscilaron entre los 601 euros -la más común- y los 1.200 euros”. Agregaron que “por lo que respecta a las leves, la mayoría de las impuestas se encuentran entre los 100, la más habitual, y los 200 euros”. Es decir, en ambos casos lejos del máximo contemplado por la ley del Partido Popular.
Las mismas fuentes explicaron, no obstante, que la Ley de Seguridad Ciudadana contempla la posibilidad de realizar un pago voluntario, lo que supone una reducción de un 50% del importe de las multas. En lo que al resto de Fuerzas de Seguridad del Estado se refiere, dependientes de la Delegación del Gobierno español en la CAV, en los dos años transcurridos desde el 1 de julio de 2015 se impusieron 768 sanciones que han tenido una repercusión económica de cerca de medio millón de euros. Por territorios, los expedientes promovidos por Policía Nacional y Guardia Civil han tenido mayor incidencia en Gipuzkoa en 2015 y 2016. En lo que lleva de transcurrido este año, la tendencia ha variado y Bizkaia casi dobla a Gipuzkoa, con 130 multas por 62.947 euros frente a las 53 sanciones y 38.783 euros del territorio guipuzcoano.
En el caso de estos cuerpos, la incidencia de la seguridad ciudadana es testimonial, y las infracciones impuestas marcan su cota máxima con la tenencia de armas y explosivos en 2016 -el único ejercicio que se ha completado con la nueva ley en vigor- en Bizkaia, con 134 sanciones que repercutieron en 87.833 euros. Le sigue la tenencia de drogas, también en Bizkaia el año pasado, con 76 multas por 56.222 euros. Volviendo a la Ertzaintza y la Policía Municipal, Bizkaia y Gipuzkoa aparecen prácticamente igualados en cuanto a los expedientes abiertos por infringir la ley Mordaza, con 2.643 y 2.683, respectivamente. Araba se sitúa a mucha distancia con solo medio millar. El número de expedientes incoados hasta el pasado 28 de junio es de 5.839. De los mismos, se han resuelto 4.514 y casi todos conllevaron una sanción económica. En cuanto a los delitos cometidos, destaca la tenencia de drogas, seguida en segundo lugar por las faltas de respeto a la autoridad. A mayor distancia se encuentran la tenencia de armas y la desobediencia o resistencia.
Si se hace una comparativa a nivel de comunidades autónomas, la CAV está a la cola en cuanto al número de sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tras sumar los datos de la Ertzaintza y los de la Policía Nacional y Guardia Civil, el resultado es que solo hay cuatro comunidades con menos expedientes: Asturias, Murcia, La Rioja y Nafarroa -la Comunidad foral contabilizó 471 sanciones en el segundo semestre de 2015 y 1.253 el año pasado-. Por su parte, Catalunya también tiene competencias en materia de seguridad ciudadana a través de los Mossos d’Esquadra.
Sin control judicial previo Partidos y agrupaciones sociales denuncian que la ley Mordaza sustrae del control previo de los jueces la sanción de conductas, por lo que solo existe un control judicial a posteriori si se recurre la multa por la vía contenciosa. Según su parecer, limita el derecho a la huelga y la libertad sindical, incrementa las multas por manifestarse sin permiso, penaliza el uso de imágenes o datos personales de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, autoriza las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, y establece el pago de hasta 600 euros por hacer botellón y de hasta 30.000 por fumar porros.
Lejos de la suficiencia que demostró en la legislatura de la mayoría absoluta, el PP se ha alineado con la proposición de ley del PNV que se aprobó en marzo como punto de partida para retocar la ley Mordaza, pese a no estar de acuerdo con los 44 puntos que quieren modificar los jeltzales. De hecho, en dicha sesión plenaria la moción del PNV recabó más apoyos que la del PSOE, que aboga directamente por la revocación, por lo que será la propuesta del partido de Andoni Ortuzar la que guíe la reforma de la norma que impulsó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. A través del proceso de presentación de enmiendas se buscará alcanzar un único texto articulado que sustituya a la vigente ley Mordaza.
