Azpeitia - Tan solo unas horas después de que se hiciera público el fallecimiento en la cárcel de Badajoz del preso Kepa del Hoyo, condenado por asesinato y colaboración en otros atentados, tanto el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, como Sortu reclamaron la adopción de “una hoja de ruta” entre los agentes políticos y sociales vascos para exigir el cambio de una política penitenciaria que Otegi consideró “ha matado” a Del Hoyo. Ante estas declaraciones, Urkullu recordó ayer en Azpeitia que “hace ya 20 años que he participado en comisiones del Parlamento Vasco donde hemos elaborado planes de acercamiento que presentamos al entonces ministro del Interior”. Por esta razón, consideró “necesario también que la izquierda abertzale reconozca su responsabilidad en los pasos que los presos y presas hayan podido dar en todos estos años para acogerse a la legalidad vigente”, en alusión a la prohibición general del Colectivo de Presos a utilizar vías legales de reinserción.
“Tengo muy claro lo que he hecho como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento desde el año 1995; lo que ha hecho el PNV para otra política penitenciaria; y muy claro qué he hecho como lehendakari en pos de un marco de convivencia donde uno de los elementos del final ordenado de la violencia fuera el de otra política penitenciaria así como la memoria de las víctimas, la justicia y la verdad para ellas”, zanjó el jefe del ejecutivo vasco ante los medios. Recordó además que “cada uno es responsable de sus actos y sabrá qué ha hecho a lo largo de estos 20 años”.
Urkullu se pronunció en estos términos durante la jornada del desfile con motivo de Saninazio bigarrena en Azpeitia. Allí mostró su disposición a “seguir trabajando dentro de los marcos legales a favor de otra política penitenciaria”. Lo hizo en primer lugar ante los periodistas horas después de la muerte de Del Hoyo, y lo repitió ante dos miembros de Etxerat, que le entregaron su último informe trimestral y reconocieron “el trabajo que está haciendo el Gobierno Vasco” para elaborar una hoja de ruta que permita cambiar la política penitenciaria.
Al igual que el de 2012, cuando el Ministerio del Interior debatía si trasladar a Donostia a Josu Uribetxebarria, el de ayer no era un primero de agosto más en Azpeitia. La jornada había adquirido otro cariz tras el fallecimiento del preso en la cárcel. En sus declaraciones tras acabar la primera parte de la procesión por las calles azpeitiarras, Urkullu valoró “esta muerte con pesar y con las condolencias debidas para familiares y allegados”, y se declaró, “como con toda muerte que se da en las prisiones, a la espera del resultado de las investigaciones”.
Minutos después, el lehendakari trasladó este mismo mensaje sobre el recluso galdakoztarra a los representantes de Etxerat Naike Diez y Fermina Villanueva, que le esperaban ya frente a la Basílica de Loiola donde concluyó el desfile de autoridades municipales, forales y autonómicas. En un tono distendido, los tres protagonistas departieron en euskera durante más de dos minutos ante la mirada de periodistas y representantes políticos. Al terminar la conversación, Urkullu -que identificó a uno de sus interlocutores como el hijo del exsecretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga, que saldrá de prisión en dos semanas- recogió el último informe trimestral elaborado por Etxerat sobre la situación de los reos.
Esta escena fue opuesta a la de hace un año, cuando fue una persona de Lehendakaritza y no el jefe del ejecutivo, pese a que asistió a Loiola, quien recogió el informe sobre las “consecuencias de la política penitenciaria en los menores” que luego remitió al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.
Doce meses más tarde, “ha habido un avance importante” en las relaciones entre Etxerat y Lakua, según reconoció el portavoz de la asociación de familiares Urtzi Errazkin en la entrevista que publicó este diario el 17 de julio. Naike Diez así se lo trasladó al propio Urkullu. “Reconocemos el trabajo que está haciendo el Gobierno Vasco y el de tu partido (en referencia al PNV) junto a otros agentes políticos y sindicales para conformar una hoja de ruta”.
Realidad social El lehendakari, que acudió a Loiola junto a cinco de sus consejeros (Arantxa Tapia, Cristina Uriarte, Beatriz Artolazabal, Bingen Zupiria y María Jesús San José), constató que en los últimos meses “se están dando pasos”, en referencia al anuncio de desarme de ETA del pasado 8 de abril y a las conclusiones del EPPK para que los presos se acojan a los beneficios penitenciarios individuales seis años después del final de la violencia.
Urkullu mostró su voluntad de “abordar otra política penitenciaria, en esa línea estamos trabajando y en esa línea vamos a profundizar. Estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano”. Unas frases que Villanueva le reclamó que no se quedaran en “solo palabras”. El lehendakari insistió en que “la realidad social invita a pensar en otra posibilidad dentro de los marcos legales para otra política penitenciaria”, lo que seguirá reclamando a Moncloa.
