madrid - El Tribunal Constitucional (TC) suspendió ayer cautelarmente la reforma del reglamento del Parlament de Catalunya que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con España, como la ley del referéndum del próximo 1 de octubre y las conocidas leyes de desconexión. Asimismo, el alto tribunal avisa a la presidenta de dicha cámara, Carme Forcadell, y a la Mesa de las consecuencias, incluso penales, si incumplen esta paralización.
El Pleno del tribunal de garantías se reunió de urgencia porque sus doce miembros estaban de vacaciones. Su presidente, Juan José González, llamó personalmente uno a uno, a cada uno de ellos para convocarlos a efectos de dar una primera y rápida respuesta al recurdo del Gobierno español. En menos de una hora el tribunal acordó por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes. Esto supone la suspensión automática de la reforma parlamentaria recurrida durante cinco meses prorrogables o hasta que el TC dicte una sentencia sobre el fondo del asunto. De todos modos, se prevé que habrá sentencia para septiembre, a pocas semanas de la fecha prevista para el referéndum.
En una providencia, el Constitucional accede a la solicitud que expresó el Gobierno español en su recurso de inconstitucionalidad de que se advierta a la presidenta de dicha cámara, Carmen Forcadell; al secretario general, Xavier Muro; al letrado mayor del mismo, Antoni Bayona Rocamora; y a los miembros de la Mesa de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.
El tribunal de garantías señala que estas personas tienen el deber de abstenerse de “iniciar, calificar, introducir” en el orden del día de cualquier órgano del Parlament catalán y, sobre todo, de dictar cualquier acuerdo que implique la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única, que permite su aprobación por la vía rápida y sin la posibilidad de presentar enmiendas por parte de la oposición. Este procedimiento está recogido también en el reglamento del Congreso y el Senado español que, ocasionalmente, lo han utilizado. Asimismo, se les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en la que pudieran incurrir en caso de incumplir dicho requerimiento”.
El Parlament y a la Generalitat de Catalunya dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El tribunal, además, habilita el mes de agosto para la tramitación del presente recurso de inconstitucionalidad.
Pocas horas antes del Pleno del Tribunal Constitucional, Junts pel Sí (JxSí) y la CUP registraron en el Parlament la proposición de ley de referéndum de autodeterminación, pensada para dar cobertura legal a la votación prevista para el 1 de octubre que, a su juicio, ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el TC “podrán parar”.
El texto, firmado por todos los diputados de ambos grupos salvo los cuatro miembros de la Mesa de JxSí, entró en el registro de la Cámara catalana, pero el próximo paso, la admisión a trámite por parte de la Mesa, no tendrá lugar como mínimo hasta el 16 de agosto, cuando se retome la actividad parlamentaria.
La base legal sobre la que se asienta la proposición de ley de referéndum se refleja en el artículo 2, que afirma que el pueblo de Catalunya es un “sujeto político soberano” y, como tal, “ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”. La ley establece “un régimen jurídico excepcional” para celebrar el referéndum, se ampara en legislación internacional e indica, ante posibles querellas, que la norma ampara “a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente” en la preparación y celebración del referéndum.
JxSí y la CUP han introducido pequeñas modificaciones en el texto inicial. En el artículo 10 se ha introducido un punto para indicar que el Govern “hará una campaña institucional desde la convocatoria del referéndum hasta el día de inicio de la campaña electoral”.
El presidente del grupo parlamentario de JxSí, Lluís Corominas, explicó durante el registro de la iniciativa que la idea es tramitar la ley por la vía de “urgencia extraordinaria”. Ante las medidas del Gobierno español para impedir el 1-O, Corominas afirmó que “estamos comprometidos en seguir adelante, la democracia en Catalunya no la podrá parar ni Rajoy ni el TC”.
El president Carles Puigdemont afirmó ayer que está dispuesto a ir a prisión, antes que ceder en el referéndum, al tiempo que instó al Estado a dirigir todas las acciones legales contra él, en lugar de hacia empleados del Govern. “Si estoy asumiendo la máxima responsabilidad en un proceso que tiene todas esas dificultades, obviamente tengo que aceptar todas las consecuencias”, dijo en una entrevista concedida a Bloomberg. El jefe del Ejecutivo catalán considera, no obstante, que “la mejor manera de garantizar que no vaya a prisión es que tenga éxito” el referéndum del próximo 1 de octubre. - DNA
