bilbao - La Audiencia Nacional ha condenado a los dos miembros de ETA Liher Aretxabaleta -detenido ayer en Bilbao- y Alaitz Aramendi Jaunarena a 535 años a cada uno como autores de un atentado con furgoneta bomba en distrito madrileño de San Blas, el 25 de mayo de 2005, que al estallar hirió directamente a 45 personas, 14 de ellas policías. Aretxabaleta, vecino de Bilbao, fue detenido por la Guardia Civil en la capital vizcaina por orden de la Audiencia Nacional para la ejecución de la sentencia, mientras que Aramendi cumple condena en Francia.

En la sentencia, la sección segunda de la Sala de lo Penal da por probado que, en la noche del 24 al 25 de mayo de 2005, ambos acusados se desplazaron a la localidad madrileña de El Escorial para robar un vehículo con el fin de colocarle un explosivo y cometer un atentado en Madrid. Allí sustrajeron una furgoneta Renault Express y se dirigieron al municipio cercano de Valdemorillo, donde prepararon un artefacto de entre 18 y 20 kilos de mezcla explosiva. Posteriormente, dejaron el vehículo aparcado “con el fin de causar el mayor daño material posible y ocasionar la muerte o lesiones a las personas cercanas al lugar”. La Audiencia Nacional les condena a prisión por los delitos de intento de asesinato terrorista y de estrasgos terroristas. y les condena igualmente a indemnizar con más de medio millón de euros a las víctimas y a los dueños de los inmuebles afectados, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid al que deben abonar 407.578 euros por los daños ocasionados. La principal prueba para condenarles es el perfil de ADN de Aretxabaleta hallado en un Renault 5 que fue forzado en El Escorial la misma noche en que robaron la furgoneta Renault Express.

prOTESTA DE SORTU Sortu considera que la detención de ayer es un “duro golpe” contra quienes quieren construir “la paz” y llama a participar en la movilizaciones de protesta que convocará. En una nota, Sortu sostiene que “el Reino de España muestra una sed de venganza insaciable, se obstinan en aplicar una estrategia represiva y políticas de excepción para mantener el conflicto”. - DNA