bilbao - El exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, irrumpió ayer en el debate del caso Altsasu. El jurista niega que la agresión de los ocho jóvenes a dos guardias civiles y sus parejas sea un delito de terrorismo. A Garzón se le atribuye la paternidad del todo es ETA, una teoría nacida al calor de la Ley de Partidos y que terminó colocando bajo la lupa a todo tipo de organizaciones, e incluso medios de comunicación, que fueron ilegalizados y clausurados por ser sospechosos de colaborar con la organización ahora desarmada y de formar parte de un entramado terrorista. El propio Garzón consideró en sus autos que el movimiento Alde Hemendik buscaba presionar a las fuerzas de seguridad estatales para que abandonaran Euskadi dentro de una estrategia diseñada por ETA, pero ayer puntualizó que ahora hay que observar el fenómeno desde otro prisma porque la banda declaró su cese definitivo en 2011. “Por mucho que se afirme su presencia, ETA y sus proyectos desaparecieron y su desarrollo al servicio del terrorismo, también. Todos fueron vencidos por el esfuerzo de una ciudadanía comprometida con la democracia”, recalca en un artículo publicado ayer en El País.

Los hechos juzgados se remontan al 15 de octubre del pasado año, cuando se produjo un enfrentamiento entre un grupo de jóvenes y dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Altsasu, a altas horas de la madrugada. El ambiente nocturno y el alcance de las lesiones (uno de los guardias civiles fue intervenido del tobillo y el resto de agredidos no precisaron mayores atenciones) han provocado un intenso debate sobre la calificación de los hechos como delito de terrorismo, con independencia de que sean condenables y rechazables. La Audiencia Nacional ha asumido la competencia para investigar y el fiscal ha pedido penas muy elevadas, de 62 años y medio para uno de los jóvenes, cincuenta para otros seis, y doce años y medio para otra implicada, todo ello en un contexto en el que ETA ha cesado definitivamente su actividad.

Garzón se pronunció ayer al respecto tras haber sido el impulsor de la ilegalización de Batasuna, la clausura del periódico Egin, el macrosumario 18/98, los juicios contra Gestoras Pro-Amnistía, y la detención de Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Rafa Díez Usabiaga por el caso Bateragune. Garzón reconoce que, en su momento, encuadró la iniciativa Alde Hemendik dentro de una “estructura terrorista perfectamente organizada y jerarquizada, en cuya cúspide estaba ETA-Ekin”. Sin embargo, puntualiza que utilizar ese mismo argumento ahora es una “inconsistencia jurídica de gran envergadura” porque los fines terroristas quedaron vacíos a partir del 20 de octubre de 2011, fecha en la que ETA decretó su cese definitivo.