gasteiz - La abultada petición de penas de la Fiscalía para los participantes en la trifulca del Altsasu del 15 de octubre de 2016 en la que resultaron heridos dos guardias civiles y sus parejas, que suman 375 años de prisión, recibió ayer el aval del Gobierno de Rajoy desde la tribuna del Congreso de los Diputados. El diputado del PNV Mikel Legarda quiso conocer la opinión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en torno a una estimación de condena que se dispara hasta incluso los 62 años de cárcel para uno de los acusados, una vez que se consideró un caso de terrorismo y se derivó a la Audiencia Nacional.

A esa consideración legal se agarró el ministro para justificar la petición del fiscal. “El artículo 573.1 del Código Penal dice lo que dice. ¿Lo podríamos cambiar? Hablemos de ello”, respondió Catalá a Legarda. Dicho artículo estipula que cualquier delito grave contra la vida o la integridad física que persiga provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella es terrorismo, y tanto para la Fiscalía como para Catalá eso sucedió en aquella noche de octubre. El miembro del Gobierno español enmarcó la agresión, en ese sentido, en un contexto en el que existen organizaciones que piden la salida de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco (Ospa Mugimendua) y que defienden la agresión a los agentes solo por pertenecer a esos cuerpos. “No fue una trifulca”, dijo.

Eso sí, el ministro quiso tranquilizar a Legarda y le aseguró que las “instituciones funcionan” y que los acusados por los “graves” hechos acaecidos en la localidad navarra “tendrán todas las garantías para su defensa”.

Catalá aprovechó para criticar la “equidistancia” ante este tipo de situaciones y se animó incluso a ironizar. “Cuando estaba preparando la respuesta tenía la duda de por dónde encaminarla porque si opino me pueden reprobar, pero me pide que opine de la calificación de la Fiscalía”, dijo el titular de Justicia, efectivamente reprobado por “obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción”, según señalan los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados.

Por su parte, Mikel Legarda, trasladó la “perplejidad” de las sociedades vasca y navarra “por la desmesura y desproporción que rodea a este caso”, sociedad “literalmente boquiabierta” ante una petición de penas que “no se compadece con la legalidad, la normalidad y la convivencia democrática”. El diputado jeltzale afirmó que desde 2012 los datos de las agresiones a guardias civiles en la CAV y Navarra son muy inferiores a las del resto del Estado, con 131 frente a 13.500, y recordó que el PNV condenó en su día la agresión, se solidarizó con las víctimas y consideró “insostenible” mantener que “los agresores eran tan víctimas como los agredidos”. “No puede haber impunidad”, concedió Legarda, pero ahora toca solidarizarse con los agresores y su situación. En cuanto a los movimientos que reclaman la salida de las fuerzas de seguridad de Euskadi y Nafarroa Legarda recordó que son legales.

El Ministerio Fiscal atribuye a siete de los acusados cuatro delitos de lesiones terroristas, con una condena de 12 años y medio por lesión. Además imputa a uno de ellos y al octavo en cuestión el delito de amenazas terroristas por el que pide igualmente 12 años y medio de cárcel y reclama que indemnicen conjuntamente con 41.100 euros a las cuatro víctimas del ataque.