bilbao - Los sindicatos vascos proyectaron ayer una imagen de unidad total en defensa de los derechos de los presos gravemente enfermos. Las organizaciones sindicales ELA, LAB, UGT, Steilas, ESK, Hiru, EHNE y Etxalde se sumaron al acuerdo del Parlamento Vasco que pedía la excarcelación de esos presos, y expresaron su compromiso de trabajar para lograr “un consenso suficiente, transversal e inclusivo” que permita “acordar en los aspectos relativos a la política penitenciaria” para que se “adapte al nuevo tiempo político”. El único que se desmarcó de la fotografía fue CCOO, pero en realidad comparte el fondo de la reivindicación. No quiso estar presente en la rueda de prensa porque cree que esas fotografías de unidad sindical están de más cuando no puede trasladarse ese consenso a las cuestiones laborales y a los asuntos que son expresamente competencia de las centrales sindicales. La declaración de ayer, sumada a la del Parlamento Vasco, arroja un consenso muy amplio en torno a los presos enfermos, una petición de la que solamente se desmarcan el PP y el Gobierno español de Rajoy.

Los sindicatos leyeron una declaración conjunta en una comparecencia en Bilbao en el que participaron los secretarios generales de ELA, Adolfo Muñoz; LAB, Garbiñe Aranburu; y UGT-Euskadi, Raúl Arza, así como los representantes del resto de organizaciones Alazne Intxauspe (Etxalde Mugimendua), Víctor Galarza (Hiru), Ainara Jiménez (Steilas) e Isabel Castro (ESK). La confederación EHNE también apoya este documento, aunque no estuvo presente. También acudió el coordinador del Foro Social Permanente, Agus Hernan, quien destacó la “foto inédita”.

El texto acordado por ELA, LAB, UGT, Steilas, ESK, Hiru, EHNE y Etxalde solicita a las autoridades competentes que “tengan en cuenta la legislación vigente estatal y los estándares internacionales más exigentes”, de modo que “las personas penadas enfermas muy graves con pacedecimientos incurables puedan ser clasificadas en tercer grado y ser excarceladas por razones humanitarias y de dignidad personal”. Asimismo, instan al Gobierno español y a Instituciones Penitenciarias a “velar por el respeto al derecho a la vida”, y piden la derogación de la instrucción según la cual solo se deberá conceder la libertad condicional de un preso enfermo ante un riesgo inminente de fallecimiento en el plazo de dos meses”.

A su entender, esta postura “vulnera los más básicos principios de legalidad y humanidad, así como los principios deontológicos del personal médico que supuestamente debería adoptar este tipo de decisión”. - DNA