Bilbao - Amaia Izko considera que con la velocidad que lleva el procedimiento judicial puede que en septiembre haya juicio, en el que la letrada basará su defensa en la descripción de los hechos acaecidos en Altsasu.
¿Qué le parece la petición del fiscal de hasta 62 años de cárcel?
-Es una petición absolutamente astronómica. Es desproporcionado pedir 50 años de prisión, y en un caso hasta 62, por una pelea o una agresión que, en el peor de los casos, no tuvo mayores consecuencias que unos moratones por los golpes y una lesión en el tobillo de uno de los guardias civiles. Desde un punto de vista jurídico, esa petición no se sostiene porque no tiene nada que ver con los hechos acaecidos en el bar Koska de Altsasu y no atiende a las pruebas presentadas en la causa. Responde a otros intereses.
¿Se ha convertido esta causa en algo que pretende ser ejemplarizante?
-Este procedimiento está construido de cara a un determinado público ante el que marca una postura muy dura. En concreto, de cara a aquellos sectores que impulsaron que esta causa se abriera en la Audiencia Nacional en lugar de la Audiencia de Navarra, esto es, Covite y los sectores de ultraderecha. Estos sectores también han conseguido que los hechos se calificaran como un delito de terrorismo. Se trata de que el Estado aparezca con una posición muy dura frente al debate social pendiente, esto es, el futuro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español en Euskal Herria.
¿Hay algún precedente de una petición de condena tan abultada por unos hechos como estos?
-En la Audiencia Nacional siempre hemos conocido peticiones fiscales y condenas en relación a la kale borroka o los altercados callejeros que nos han puesto los pelos de punta por su desmesura. Es verdad que era otra época y había otra realidad en la que existía la kale borroka, y las condenas respondían a esa realidad. Hemos conocido condenas muy desproporcionadas y abultadas pero esto no tiene parangón.
¿Por qué?
-Por el momento en el que se produce y por el tipo de hechos que se juzgan, a los que se les da un tratamiento de terrorismo pese a que no hay evidencias para ello. No me gustan las comparaciones, pero es inevitable hacerlo. Lo que no es más que una bronca en un bar, de fiesta y durante la madrugada, ocurriese como ocurriese, no son más que cuatro lesiones, ninguna de ellas graves. Sin embargo, se está enfocando como si se tratara de personas que han matado o que les han cogido con armas o explosivos. Y desde luego se les está tratando peor que a aquellos que en este Estado han protagonizado episodios de terrorismo de Estado o han robado dinero público.
¿Por qué se ha llegado a este punto?
-Pienso que se quiere marcar una posición de que aquí no ha cambiado nada, independientemente de que, hace casi seis años, ETA haya anunciado el final de su actividad armada y más recientemente se haya desarmado. Además, buscan un desarme ideológico en el sentido de que avisan de que este tipo de circunstancias y debates también se van a tratar con extrema dureza. Desde luego la actitud de la jueza instructora y del fiscal no responden a la realidad de los hechos y a los elementos que concurren en la causa. En definitiva quieren llevarnos a escenarios del pasado y marcar dureza para los debates políticos e ideológicos pendientes en nuestra sociedad.