gasteiz - El Gobierno Vasco y el español acarician el acuerdo sobre la Ley Quinquenal del Cupo, el dinero que paga Euskadi al Estado por competencias no transferidas como el Ejército, la Corona, los puertos y los aeropuertos. Esta ley regulará el método de cálculo para los próximos cinco años y, por lo tanto, garantizará la paz fiscal y la relación bilateral entre ambas partes hasta 2021. Las negociaciones se encuentran ahora en su fase final y, de momento, las conversaciones marchan bien y se desarrollan según lo previsto. Esta sintonía va a permitir que las dos partes firmen el acuerdo este mes, tal y como calcularon en un primer momento. La Comisión Mixta que reunirá a los departamentos de Hacienda del consejero vasco Pedro Azpiazu y el ministro español Cristóbal Montoro no se ha convocado formalmente, pero fuentes conocedoras del proceso aseguraron a este periódico que la reunión tendrá lugar en la segunda quincena de julio.

El gabinete de Mariano Rajoy quiere contar con el PNV para negociar el techo de gasto y los Presupuestos del próximo año, y sabe que esta ley es de máxima relevancia para los jeltzales. Las negociaciones están avanzando con relativa fluidez y el grupo jeltzale en el Congreso trabaja con la previsión de que la Ley Quinquenal entre en la Cámara baja a la vuelta del verano. No espera grandes dificultades para lograr una mayoría que permita ratificarla más allá de los votos del PP y el PNV.

El camino para la negociación de la ley quedó despejado en mayo, cuando ambos gobiernos acordaron la liquidación del Cupo de los últimos diez años. En ese momento, se sentaron las bases de la ley para los próximos cinco años al tomar como referencia el Cupo de 2017, unos 945 millones.

Esta ley es clave para el lehendakari Urkullu, que quiere fijar con claridad el método de cálculo para evitar que se repita el conflicto de las liquidaciones en lo que queda de legislatura. El Cupo no quedará al albur de los cálculos que pueda realizar de manera unilateral el Ministerio de Hacienda, sino que habrá una ley y una metodología acordada por las dos partes. Para Urkullu, esta norma supondrá garantizar la relación bilateral, de igual a igual, entre los dos gobiernos.

transferencia de prisiones En cuanto a la negociación de los Presupuestos estatales del próximo año, el PNV ha pedido a Rajoy un gesto con las competencias que aún deben ser transferidas a la comunidad autónoma, y el PP volvió a lanzar ayer un mensaje conciliador en ese terreno para no cerrarse ninguna puerta en una negociación donde necesita a los jeltzales. En concreto, aseguró que no tendría por qué generar muchos problemas el traspaso de las prisiones. Es una de las tres competencias que ha fijado como prioridad el Gobierno vasco.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, el presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz parlamentario, Borja Sémper, dijo que no ve “mayor complicación” a esta gestión, y solo puso como límite que la competencia abarque en exclusiva la “gestión” de las cárceles y no la política penitenciaria y los beneficios a los presos, una condición que ya tenía muy asumida el Gobierno Vasco porque así lo recoge la letra del Estatuto de Gernika. Por lo tanto, existe coincidencia entre ambas partes a la hora de interpretar el alcance de la competencia. Sémper reconoció que el Estatuto “es algo que hay que cumplir, y en eso está el PP también”.