Barcelona - El proceso que tiene como meta el referéndum independentista previsto el 1 de octubre en Catalunya se ha encontrado con un nuevo obstáculo, pero esta vez no ha llegado por impulso del Gobierno español o por la acción de la justicia. Esta piedra en el camino es procedimental y está directamente relacionada con la acción de la Generalitat, cuya Conselleria de Gobernación se ha visto obligada a declarar desierto el concurso para la compra de urnas de cara a garantizar que los ciudadanos catalanes puedan pronunciarse el 1-O. El motivo es que ninguna de las dos empresas que optaban a la licitación para fabricar 8.000 urnas ha alcanzado los 365.000 euros de facturación que se exigían en los pliegos de condiciones. Pese a este revés, la portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró que la voluntad del Ejecutivo catalán de que haya urnas se mantiene “intacta”, por lo que las obtendrán por “otras vías”, que no concretó.
Algunas fuentes apuntaban ayer a la posibilidad de que el Govern, ya liberado de los procedimientos que marcaba el concurso, pueda encargarse ahora directamente de negociar la compra con una empresa determinada. Ante las preguntas de los periodistas, Munté no desveló si se iniciará otro concurso o si se comprarán las urnas sin pasar por un proceso de licitación, ni tampoco el formato de las mismas. Tan solo expresó el “pleno convencimiento” de que la Generalitat tiene competencias para obtenerlas y, bajo esta premisa, dijo que analizarán “la legislación vigente y las fórmulas legales que existen” para adquirirlas. En la rueda de prensa semanal tras la reunión del Consell Executiu, insistió en que, pese a este contratiempo, “el objetivo de adquirir urnas se mantiene intacto”.
Se da la circunstancia de que la Fiscalía se querelló contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general en el momento de la licitación, Francesc Esteve, por el proceso de adquisición de las urnas al entender que éstas podrían ser usadas para el referéndum. Neus Munté afirmó que esta querella no tiene “ninguna base jurídica” e instó a “retirarla” porque “no tiene ningún sentido”, más ahora tras quedar desierto el concurso para su compra. La defensa de Borràs presentó ayer mismo un recurso de súplica ante la Sala Penal y Civil del TSJC en el que alega que no se le puede investigar por unas urnas que ni siquiera han sido fabricadas y compradas. Cree además “absolutamente prematura y precipitada” la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía, antes de que se haya podido cometer el supuesto delito.
La portavoz del gabinete de Carles Puigdemont denunció en este sentido “el goteo constante de amenazas” sobre empresas, funcionarios y posibles voluntarios para hacer posible el referéndum. “Exigimos al Gobierno que deje de amenazar a personas, instituciones y empresas que estrictamente cumplen con su trabajo y obligaciones”, remarcó. Pese a reconocer que éstas “existen y continuarán existiendo”, argumentó que la licitación de urnas ha seguido su curso y que, si el concurso ha quedado en agua de borrajas, ha sido por “la incapacidad de las empresas para cumplir los requisitos”. Respecto a los pasos a dar a partir de ahora, Munté alegó que esta cuestión aún no ha sido “objeto de análisis” por parte de los miembros del Govern. En todo caso, garantizó que se colocarán las urnas y que los catalanes que residen en el exterior también podrán votar el 1-O, para lo que “sortearán los obstáculos y dificultades” que ponga el Estado.
Encuentro “No sufráis: el 1 de octubre habrá urnas”, insistió el president catalán, Carles Puigdemont, a través de su cuenta de Facebook. Como consecuencia de lo ocurrido con las urnas, y a una semana del acto en el que se explicarán los detalles y los preparativos del referéndum, representantes del Govern, los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP, y los presidentes del Parlament, la ANC y Òmnium Cultural -Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente- se reunieron en la tarde de ayer por espacio de hora y media en la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat. En dicho encuentro, Puigdemont transmitió a los presentes que se “solucionará” la compra de urnas para el referéndum.
