Madrid - El día de ayer fue especialmente bullicioso en lo que respecta a las cuentas del PP. Mientras Luis Bárcenas acudía a regañadientes a la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del partido, la actual tesorera, Carmen Navarro, presentaba los resultados del último ejercicio en la sede de la calle Génova. Pero la mañana aún depararía un inesperado acontecimiento complementario no tan grato como las saneadas cuentas y la infructuosa declaración de Bárcenas. Un juzgado de Madrid condenaba a la formación a pagar 568.511 euros más intereses a la Feria de Valencia por el alquiler de sus instalaciones para el Congreso de 2008. Aquella cita sirvió para apuntalar el liderazgo de Mariano Rajoy tras su segundo batacazo electoral frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El recinto ferial presentó una demanda en 2015 al negarse el PP a hacer frente a la factura que había engrosado siete años atrás y que superó el presupuesto inicial. Los populares se excusaban del pago de ese importe porque, a su juicio, el coste quedaba subsanado con la publicidad que recibían las instalaciones dada la relevancia mediática del evento. El juicio se celebró el pasado mes de marzo después de que fracasara el acto de conciliación entre ambos actores.

Ahora el fallo estima de manera íntegra la querella de la Feria de Valencia, ya que considera probado que ambas partes alcanzaron un contrato verbal para la cesión del espacio en el que se fijaron las condiciones de ocupación y otros servicios accesorios. El dictamen recuerda que el Código Civil no obliga a un acuerdo escrito. De esta forma, derriba la argumentación del PP, que sostenía que el recinto ferial no había aportado la documentación pertinente al no haber ningún contrato sobre el papel.

Según la sentencia, el PP “está obligado a pagar por el espacio y los servicios que utilizó, sin que pueda aceptarse en ningún caso que la pretendida falta de concreción o de aceptación le permitan haber utilizado ese espacio y esos servicios sin pagar nada a cambio”. La jueza Elena O’Connor expone que “en ningún momento se habló de gratuidad en la cesión del espacio o los servicios, ni tampoco de que la contraprestación por los mismos consistiera en dar publicidad al recinto ferial o a la ciudad de Valencia”.

“CUANDO SEA FIRME” La sentencia condenatoria fue recibida con cautela desde Génova. El vicesecretario general, Pablo Casado, no quiso entrar en el fondo de la cuestión y se comprometió escuetamente a cumplir el fallo cuando sea ratificado. “Acataremos todas las decisiones judiciales cuando sean firmes. Se tendrá que cumplir con lo que el tribunal dictamine”, planteó. Al otro lado, en cambio, el president de la Generalitat Valenciana sí quiso expresar su “satisfacción” sobre el dictamen. El socialista Ximo Puig se congratuló de que “se haya hecho justicia”. “Deberían asumir la responsabilidad de haber estado tanto tiempo sin pagar”, zanjó. - DNA