gasteiz - Sobre el cierre del capítulo de la violencia policial que comprende la etapa 1960-1978, no obstante aún judicializado, sobrevuela el conflicto en torno a la Ley de abusos policiales, que recoge los casos acaecidos a partir de 1978 y hasta 1999, y que ahora se encuentra en una situación de impasse a cuenta de otro recurso del Estado. El Gobierno del PP entiende que la comisión de verificación invade competencias de los jueces y por ello ha llevado la cuestión al Tribunal Constitucional, que la ha admitido a trámite.
La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional del pasado 29 de mayo de admitir el recurso del Gobierno del PP supuso la suspensión temporal de cinco meses de la docena de artículos recurridos.
Carlos Martín Beristain, coordinador del informe anterior a 1978 y miembro de la Comisión de Valoración de 2012, valoraba ayer esta pugna en los juzgados. Él forma parte también de la comisión cuya creación y funciones han sido recurridas y entiende que estos foros trabajan con honestidad e independencia.
“No sé cómo está planteada la comisión en la Ley, no es mi papel, pero para quien pueda tener dudas, nuestro trabajo está descrito en el informe y los criterios de consenso que hemos usado se han adoptado entre gente muy distinta, con distintas sensibilidades humanas y políticas, poniéndonos de acuerdo en todos los casos. Hay una hay experiencia positiva de cómo construir una memoria incluyente y una historia de consenso. Para mi lo queda ahí es un aprendizaje”, señaló.
En ese sentido, la comisión trabajó en la aplicación del decreto de 2012, precedente de la Ley de abusos policiales, celebrando sesiones plenarias en las que se buscaba la unanimidad sobre los casos estudiados. En cuanto a la valoración de los casos de violaciones de derechos humanos se utilizaron tres elementos probatorios fundamentales en derecho, de tal forma que se diera legitimidad al reconocimiento y reparación. Por un lado se recogieron testimonios de la víctima directa o familiares, o bien de testigos; y asimismo se recabaron pruebas documentales de los hechos y se efectuaron pruebas técnicas.
La oficialmente denominada Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de la violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999 fue aprobada hace ahora un año con el respaldo del PNV y del PSE, el voto en contra del PP y de UPyD, y la abstención de EH Bildu. El Gobierno Vasco ha subrayado su encaje jurídico e incluso ha buscado el aval internacional de la mano del expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Fabián Salvioli - T.D.
