Madrid - Un año después del 26-J, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez reeditan el alejamiento que estuvo a punto de que se tuviera que convocar por tercera vez a los españoles a las urnas y vuelven a chocar en sus contrapuestos deseos de una legislatura larga y un cambio en la Moncloa cuanto antes. Será hoy cuando se cumpla el primer aniversario de esos comicios en los que, de entre los principales partidos, sólo el PP vio cómo incrementaba el número de diputados conseguidos respecto a las elecciones celebradas seis meses antes.

Sin embargo, no era mayoría suficiente para garantizar una segunda investidura de Rajoy y sólo la salida de Sánchez de la Secretaría General socialista permitió que el no de los diputados de este partido se cambiara por una abstención que acabó con más de diez meses de un Gobierno en funciones. En esa condición estuvo desde los comicios del 20 de diciembre de 2015 que dieron lugar a un Parlamento incapaz de investir a un presidente, hasta que cuatro meses después de las elecciones de las que hoy se cumplirán un año, Rajoy obtuvo de nuevo la confianza del Congreso.

Un mandato que comenzó con la incógnita sobre su duración debido a los obstáculos que se aventuraban para llegar a acuerdos. Desde el primer momento, el presidente del Gobierno rechazó entrar en cábalas sobre un adelanto electoral y aseguró que su objetivo era agotar la legislatura, para lo que garantizó una actitud de diálogo que permitiera llegar a acuerdos con otros partidos. Pero, de la misma forma, advirtió de que no estaba dispuesto a facilitar que se derribaran las reformas que había puesto en marcha en los cuatro años anteriores.

El acuerdo sobre el techo de gasto de los Presupuestos y sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria fue considerado por el Gobierno como un primer atisbo de que, pese a la dificultad de la aritmética parlamentaria, era posible sacar adelante cuestiones esenciales. La confirmación llegó con la suma de los diputados suficientes para aprobar el proyecto de ley de Presupuestos de este año, con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias. Esos Presupuestos de 2017, aún pendientes de culminar su tramitación parlamentaria, fueron interpretados como la llave que puede permitir una legislatura larga. Una tesis que el Ejecutivo cree abonada por el fracaso de la moción de censura defendida este mes por Podemos, la tercera que se debate desde la Transición.

En el Gobierno no ven razones para pensar en adelantos electorales y sacan pecho por la persistencia de datos económicos positivos como los relativos al crecimiento del PIB y a la creación de empleo. A esos datos, la oposición contrapone los casos de corrupción en los que han seguido siendo protagonistas dirigentes del PP.

Y esa es una de las razones que esgrime el redimido secretario general del PSOE para volver a plantear la necesidad de un acuerdo a tres bandas con Podemos y Ciudadanos para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Tras superar claramente en las primarias socialistas a la presidenta andaluza, Susana Díaz, Sánchez se ha hecho de nuevo con las riendas del partido y vuelve a situar ese objetivo de cambio en el frontispicio de su labor como líder de la oposición, aunque sin escaño en el Congreso. Está decidido a intentar acercar a morados y naranjas, pese a que se trata de un camino no exento de dificultades por la distancia que separa a Pablo Iglesias de Albert Rivera, tal y como se constató en las puyas dialécticas que intercambiaron durante el debate de la moción de censura. En caso de no lograr un frente común para relevar a Rajoy, Sánchez aspira al menos a llegar a acuerdos que permitan derogar muchas de las reformas que el Gobierno ha ido aprobando en los últimos años.

Si el entendimiento PSOE-Podemos-Ciudadanos parece complicado, los antecedentes de la relación política entre el presidente del Gobierno y el líder del PSOE no facilitan tampoco un acercamiento. Por el momento, se lanzan mensajes de disposición a reunirse pero no han sido capaces de concertar una entrevista para sondear si es posible el trabajo conjunto en alguna cuestión de Estado.

Y si hay alguna de especial relevancia en un momento como el actual, esa es la situación en Catalunya, con fecha ya puesta sobre la mesa por los independentistas para celebrar un referéndum: el 1 de octubre. Si las aspiraciones abanderadas por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la respuesta que han ido recibiendo por parte del Gobierno y del Tribunal Constitucional han conseguido buena parte de los titulares en el año transcurrido desde el 26-J, también parecen tener asegurado el protagonismo en los meses que vienen por delante.