GASTEIZ. Majarenas y su hija Izar, que fue apuñalada por su padre, permanecen en la actualidad en un centro de acogida en Madrid por orden del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro.
El juez concedió a esta reclusa de ETA el segundo grado con el objetivo de que pudiera permanecer junto a su hija tras salir ésta del hospital y haber cumplido tres años, la edad en que los menores no pueden seguir viviendo con sus progenitores en la cárcel.
Todos los grupos salvo el PP han recogido en una iniciativa la petición que Kontxi Ibarreta, madre de Majarenas, trasladó el miércoles a los partidos en una comisión parlamentaria, en la que solicitó el traslado a Donostia de su hija y de su nieta para poder continuar con la recuperación psicológica de la menor al señalar que ésta precisa de un "entorno seguro" para superar la "brutal" agresión por parte de su padre.
Las formaciones se mostraron entonces dispuestas a buscar un posicionamiento de la Cámara sobre esta cuestión que se ha plasmado en una proposición no de ley en la que no está la firma del PP.
En este texto los firmantes apelan a las "especiales circunstancias humanitarias" del caso para mostrar su preocupación por la situación de la menor y de la madre y defienden que se garantice la seguridad de la pequeña y su derecho a estar con Majarenas, "dentro de lo posible, sin ser separada de su entorno familiar".
Por ello, en la iniciativa se apela a los "derechos humanos básicos de la menor" y a que tanto ella como su madre han sido reconocidas víctimas de la violencia machista para emplazar a Instituciones Penitenciarias a que excarcele a Majarenas para que ambas "puedan superar los terribles hechos de los que han sido víctimas en un entorno de estabilidad y seguridad, y con el apoyo de su familia extensa".
En la justificación de la proposición los cuatro partidos recuerdan que "hay derechos que amparan a todas las personas, incluido a las presas".
En concreto, se refieren a los principios de protección de ciudadanos encarcelados aprobados por la ONU, en los que se señala que "las autoridades competentes procurarán asegurar, de conformidad con el derecho interno y cuando se necesite, la asistencia a los familiares de las personas detenidas o presas que estén a cargo de éstas, y en particular a los menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado privados de suspensión".
La iniciativa será aprobada, ya que sus promotores suman 66 de los 75 escaños de la Cámara. El Parlamento remitirá el acuerdo a Instituciones Penitenciarias y al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
