Barcelona - El Govern de la Generalitat deberá disponer de una bolsa de unos 4.500 “agentes electorales” para llevar a cabo el referéndum previsto para el 1 de octubre, agentes electorales que no tiene porque ser funcionarios. Según anunció ayer el president Carles Puigdemont ante el pleno del Parlament, no se obligará a ningún funcionario de la administración catalana a tomar parte en la consulta, sino que se formará a estos “agentes electorales” entre los voluntarios que quieran colaborar con la votación. “En ningún lugar dice que los funcionarios tienen que participar en la organización de procesos electorales”, afirmó. La función de estos agentes electorales será hacer un seguimiento de las incidencias que se puedan producir en los colegios electorales, además de que tener un papel esencial en el recuento de votos en la noche electoral.

Puigdemont respondía de este modo a la inquietud mostrada estos últimos días por los sindicatos UGT y CCOO, que habían anunciado que iban a interpelar a la Generalitat sobre el papel que iban a jugar los funcionarios públicos en la celebración del referéndum.

Así, la Generalitat abrirá una bolsa para que se apunte quien quiera ser agente electoral, desvinculando a los funcionarios públicos del referéndum. La idea es ponerse en contacto con los ayuntamientos para que designen los colegios electorales que desean habilitar en sus respectivos municipios, así como los denominados como “coordinadores locales”. Ante la posibilidad de que haya algún ayuntamiento que no desee designar a su coordinador local ni tampoco facilitar la lista de colegios electorales, sería la Generalitat la que acabaría decidiendo ambas cuestiones, por ejemplo habilitando locales alternativos de la propia administración catalana o de entidades cívicas colaboradoras.

censo legal Respecto al censo electoral con el que se manejarán los agentes electorales, fuentes próximas al Govern aseguraron ayer que no utilizaría el censo electoral habitual sino que, en su lugar, se usaría otro equivalente con datos a los que puede acceder “legalmente” la Generalitat.

Todas estos detalles referentes a la organización y celebración del referéndum se recogerán en una ley del Parlament, aunque está por decidir si será una ley específica o se incluirá en la ley de transitoriedad jurídica que busca materializar la desconexión entre Catalunya y el resto del Estado.

Según las mismas fuentes, en esta ley habrá una sindicatura electoral catalana, que ejercerá las funciones de la Junta Electoral Central, ya que se da por descontado que el Estado no querrá participar en la celebración de este referéndum. - Efe/E.P.

80.000 voluntarios. El Govern necesitará unas 80.000 personas para hacer el referéndum del 1 de octubre: 4.500 agentes electorales y también hasta 76.500 personas para garantizar las mesas electorales.

Censo. No será el que se utiliza de forma habitual, sino que será otro equivalente con datos a los que puede acceder de forma legal la Generalitat.