Euskadi es un país muy pequeño, probablemente el más envejecido de Europa, y a medio plazo tendrá que afrontar este problema. Y tendrá que hacerlo, si se quiere salir airoso del reto, con un entramado institucional más ligero, más transparente y mucho más racionalizado. Así lo señaló ayer en la ponencia parlamentaria de Autogobierno el catedrático de Derecho Constitucional de la UPV Alberto López Basaguren, que señaló directamente al modelo foral, tal y como fue fijado en su día, y en concreto al sistema de reparto de los tributos concertados, como la clave del problema.
“No hay un control democrático, el reparto del dinero se hace en la sombra; tiene que haber un escrutinio parlamentario”, advirtió el experto, consciente de que este asunto no entra en la agenda de la mayoría de los partidos vascos. Hoy día, el reparto de la recaudación entre las instituciones -70% para el Gobierno vasco, y un 30% para las diputaciones, que luego derivan una cantidad a los municipios- se decide en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, un órgano que escapa a la fiscalización del poder Legislativo.
Para el profesor López Basaguren en Euskadi hay “una interpretación arcaizante de lo que significan los territorios históricos”, lo que ha llevado a que, por ejemplo, la Comisión Arbitral cerrara la vía de la reforma de la Ley de Territorios Históricos que reclamó el PSE en la pasada legislatura, que para él constituía la solución a la “elefantiasis institucional” del País Vasco.
Según el catedrático, la revisión de la LTH habría permitido al Parlamento entrar a dirigir el reparto de fondos entre las instituciones sin necesidad de mermar la capacidad fiscal que el Estatuto y la Constitución española depositan en los territorios forales. “Se ha optado por cerrar esa vía y ahora sólo queda la vía de la reforma del Estatuto de Gernika; acabaremos teniendo problemas”, avisó López Basaguren, quien cree necesaria también una mayor armonización fiscal sin mermar tampoco en este caso la competencia de las diputaciones, “órganos ejecutivos sin control de la asamblea parlamentaria”.
Así las cosas, y 35 años después de haber diseñado el sistema con una visión “en abstracto”, sin una “práctica política detrás” que hoy ya existe, López Basaguren propuso a los parlamentarios “buscar un punto de encuentro que reconozca a los territorios históricos como base del entramado”, pero sin perder de vista que el país puede perder la “viabilidad” si no se afronta la mencionada “racionalización institucional”. Y no solo por el problema de transparencia que detecta el catedrático, sino también por “la dificultad para tomar decisiones” que supone vivir en el país con “un mayor peso institucional respecto a su tamaño”.
Esa racionalización debería ser para López Basaguren el principal objetivo de una reforma estatutaria, pues con respecto a la relación entre Euskadi y el Estado español considera que la vía del Estatuto de Gernika es estéril. “Hay muchos obstáculos, se ha intentado sin resultados, pero no hay otra vía que la reforma de la Constitución”, señaló López Basaguren con respecto a la posibilidad de ejercer el derecho a decidir, como apuestan algunos partidos de la Cámara.
Tras glosar la experiencia canadiense de Quebec, el experto de la UPV auguró “un futuro difícil” al sistema autonómico español, teniendo en cuenta cómo están la situación. “Para bien o para mal el caso catalán condicionará las cosas”, señaló López Basaguren, para quien en materia de autogobierno solo cabe “el acuerdo o la revolución”.
