“Aceptamos la sentencia, evidentemente no lo hicimos bien”. Estas palabras del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, demuestran que la sentencia del Tribunal Constitucional anulando la amnistía fiscal promulgada por Cristóbal Montoro ha supuesto un torpedo en la línea de flotación del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, y pese a este acto de contrición llevado a cabo por el portavoz popular, Rajoy mantiene su confianza en su ministro de Hacienda ante la presión de la oposición, en especial el PSOE, que ya ha anunciado que, al igual que sucedió con Rafael Catalá, llevará a la Cámara Baja la reprobación del responsable de Hacienda.

En un desayuno informativo, Hernando asumió que se equivocaron al aprobar la amnistía fiscal a través de un decreto-ley, pero se escudó en que la decisión se tomó en el momento más duro de la crisis económica. “Eran momentos de enorme dificultad, se estaban perdiendo miles de empleos, la situación del déficit público era brutal y estábamos al borde del rescate”, se justificó el portavoz popular. No obstante, si lo que se pretendía con la medida era que aflorase el dinero oculto en paraísos fiscales, el propio Hernando reconoció que los 2.5000 millones de euros recaudados “no fue una cifra muy relevante”, sobre todo porque el tipo impositivo que aunque en un principio se estableció en el 10% acabó siendo siete puntos menos, del 3%.

Sobre la posición en la que queda Montoro tras la sentencia del alto tribunal de garantías, el portavoz parlamentario del PP aseguró que el ministro comparecerá ante el Congreso, “y será él quien determine el alcance que debe tener las sentencia”.

Apoyo ante reprobación A la postura un tanto tibia de Hernando sobre el apoyo a Montoro, hay que contraponer el respaldo inequívoco por parte de Mariano Rajoy. Así lo expresó ayer el portavoz del Ejecutivo español, Iñigo Méndez de Vigo, quien aseguró que el responsable de Hacienda “cuenta con todo el apoyo del Gobierno”. Méndez de Vigo, tras mostrar el total respeto por la decisión del Constitucional, y en parámetros similares a los utilizados por Rafael Hernando, apuntó a un escenario catastrófico que obligó a aprobar la amnistía fiscal mediante un decreto-ley. “Hubo que subir los impuestos para pagar las pensiones y las prestaciones porque nadie fiaba a España y la prima de riesgo subió 50 puntos”, afirmó el portavoz del Ejecutivo, que resumió en una frase el por qué de la medida: “Era una situación excepcional que requirió medidas excepcionales”.

Sin embargo, las explicaciones del Méndez de Vigo no dejó satisfecha a la oposición, en especial al PSOE, que anunció que pedirá la reprobación de Montoro en el Congreso.

La nueva dirección tomada por la formación socialista desde el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias implica no dejar ni un minuto de tregua al PP y la sentencia del Constitucional ha cargado de argumentos para que el Grupo Socialista en la Cámara Baja pida la reprobación del responsable de Hacienda.

José Luis Ábalos, portavoz socialista en el Congreso y hombre de confianza del líder socialista, anunció ayer que pedirán la reprobación de Cristóbal Montoro -sería la segunda tras la del responsable de Justicia, Rafael Catalá- por “haber beneficiado a los dafraudadores”.

Podemos fue más allá y, en boca de Iñigo Errejón, pidió la dimisión de Montoro porque “al mismo tiempo que nos sigue diagnosticando a todos más recortes, a sus amigotes les perdonaba millones de euros”. Menos beligerante se mostró, sin embargo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que por el momento se conforma con la comparecencia de Montoro en el Congreso.

Mínima recaudación. El propio portavoz del PP, Rafael Hernando, reconoció que no afloró el dinero que esperaban. En primer momento se habló de 25.000 millones de euros, pero al final quedó en solo 2.500.

Un bajo interés. Además, aquellos que tenían dinero en paraisos fiscales debían pagar un 10% del montante para regularizar la situación a través de la amnistía fiscal, pero al final solo pagaron el 3%.

Sin aplicación. La amnistía fiscal decretada por Montoro no afectó ni a la CAV ni a Nafarroa por el propio régimen fiscal de ambas derivado del Concierto Económico y la Ley de Amejoramiento.