barcelona - El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tomado nota del reciente dictamen de la Comisión de Venecia. El organismo consultivo del Consejo de Europa le conminó a celebrar un referéndum “legal” sin salirse de los márgenes de la Constitución española y Puigdemont parece abortar el flanco internacional del procés. Ayer aseguró que ve difícil que la comunidad internacional pueda presionar al Estado para que negocie una solución en el contencioso abierto con el Gobierno español a raíz del proceso independentista. “Creo que no tenemos que ser ingenuos”, resumió, resignado.
Puigdemont indicó el camino a tomar en una entrevista en el diario Ara. Que pueda dejar de lado el flanco internacional tras el fiasco de la Comisión de Venecia no supondrá, sin embargo, que el procés soberanista se desinfle. La consulta se mantiene en el calendario pero “no será” un nuevo 9-N, en referencia al proceso participativo convocado por su antecesor, Artur Mas, en 2014. “Primero, porque lo hace el Govern. Segundo, porque habrá una pregunta clara de respuesta binaria: sí o no. Y tercero, porque los resultados tendrán consecuencias”, argumentó. El Govern está diseñando todas las garantías democráticas para que la votación sea efectiva y vinculante, pero el president insistió en que “la mejor garantía habría sido un acuerdo con el Estado”.
Sobre este posible pacto, que cada vez se antoja más improbable a la vista de las posturas que mantienen el Govern y el Gobierno español, Puigdemont aseveró que no hay que descartar “hasta el último día” que se pueda alcanzar un acuerdo para el referéndum, si bien reiteró su voluntad de llevarlo a cabo igualmente si no hay una respuesta en este sentido por parte del Ejecutivo español. Preguntado por posibles acciones del Estado contra la Generalitat como represalia por la celebración del referéndum de independencia, instó a “calmarse un poco” ante la posibilidad de una recentralización de las competencias.
Gordó El president catalán también se refirió a la causa abierta contra el exconseller de Justicia y diputado de Junts pel Sí Germà Gordó por su presunta implicación en el caso 3%. Así, reclamó tanto a su compañero en el Parlament como a su partido, el PDeCAT, que tomen “las decisiones más sensatas porque todos han acreditado a lo largo de sus trayectorias que su prioridad es servir a Catalunya”. “Yo puedo responder por mis responsabilidades, pero también hemos visto que se han formulado acusaciones a cambio de obtener beneficios judiciales”, resumió. - Efe