Su cabeza pendía de un hilo, y ese hilo, el respaldo del Gobierno de Mariano Rajoy, no aguantó la presión de la opinión pública. Ayer Manuel Moix, un fiscal jefe de Anticorrupción ajeno a este órgano nombrado por decisión expresa del fiscal general, José Manuel Maza, por encima de media docena de aspirantes que sí provenían de esta fiscalía, presentó su renuncia. La publicación de los datos sobre la sociedad familiar que tiene en Panamá acabaron por hacer insostenible la situación del jurista después de tres meses acumulando escándalos.

Moix y el 3% catalán, Moix y la operación Lezo, Moix y los paraísos fiscales. En torno a su figura han pivotado en estas escasas doce semanas ejemplos significativos de la corrupción del Estado, y no precisamente por perseguirla. Antes, cuando ejercía en el Supremo -dos años- y en la Fiscalía de Madrid -doce-, su nombre apareció ligado al Canal de Isabel II, una causa cuyas denuncias archivaba; a Rodrigo Rato, cuya puesta en libertad reclamó; al juez Elpidio Silva, a quien persiguió judicialmente; a Esperanza Aguirre, cuya espantada en la Gran Vía calificó como falta y no como delito.

Con esas credenciales, y para satisfacción del expresidente madrileño Ignacio González, que en una conversación intervenida con el exministro Eduardo Zaplana calificó de “cojonudo” su eventual nombramiento por tratarse de “un tío serio”, Maza lo nombró fiscal jefe de Anticorrupción. Se saltaba así la promoción interna dentro de este órgano porque era necesario “un impulso” y nuevas dinámicas en un momento en el que la Justicia ponía contra las cuerdas al PP. Poco importó que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) le advirtiera a Maza de que de que el nombre de Moix aparecía en una conversación pinchada en una investigación en curso, precisamente la del caso Lezo.

Finalmente, ni siquiera la colocación de Moix al frente de la lucha contra la corrupción en el Estado impidió que Ignacio González fuera detenido. Él intentó torpedear la investigación. Se negó a autorizar algunos registros clave en el caso, pero su criterio fue rebatido por la práctica unanimidad de los especialistas de la Fiscalía. Moix quiso relevar a los fiscales por su negativa a aceptar esa orden y el pulso fue de tal calibre que se llegó a convocar un Consejo Fiscal -máximo órgano asesor- en el que los miembros de la Unión Progresista de Fiscales pidieron su destitución. La conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria, lo impidió. Por otro lado, Moix pretendió sustituir a los fiscales del caso 3 %, que investigan la posible financiación ilegal de CDC, cuando el cerco a Artur Mas más se estrechaba.

Tras 13 años en los que su antecesor, Antonio Salinas, pasó totalmente desapercibido, Moix generaba titulares a diario. Así pues, el nuevo fiscal jefe de Anticorrupción salió a la palestra para reclamar que se castigara a los medios de comunicación que publiquen filtraciones de sumarios. Las pugnas en la Fiscalía habían pasado a retransmitirse en la prensa y las fugas de información escapaban a su control. Sin embargo, el respaldo del Gobierno era inquebrantable. Desde Maza hasta el propio Mariano Rajoy, pasando por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, avalaban su polémica gestión. Así fue hasta que supo que Infolibre haría pública su participación en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá. Trató de contener daños dando su versión antes de que saliera a la luz la exclusiva, pero esta vez la carga era demasiado incendiaria.

Tras un primer amago de apoyo por parte de Rajoy, el Gobierno se puso de perfil, y la Asociación de Fiscales reclamó su renuncia porque veía “comprometida en este momento la imagen de imparcialidad de la institución”. Rajoy y Catalá habían delegado la responsabilidad en Maza. Moix, ya sentenciado, sin padrinos, declaraba no tener “apego al cargo”, y ayer presentaba su renuncia ante el fiscal general. Maza la aceptaba, a pesar de que no ha visto en el comportamiento de Moix “ninguna clase de ilegalidad o irregularidad, ni siquiera incompatibilidad.