madrid - El Gobierno Vasco ha recibido esta semana la documentación sobre el recurso del Ejecutivo de Rajoy a la Ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de motivación política entre 1978 y 1999 que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional que lo ha suspendido parcialmente. La carpeta documental que ha llegado a Lehendakaritza incluye el dictamen del Consejo de Estado elaborado a petición del Gobierno español que avala el recurso contra la norma vasca. Sin embargo, la decisión ha contado con el voto particular discrepante del consejero José Luis Manzanares Samaniego, que se alinea con las tesis defendidas por Lakua ya que considera que tiene perfecto encaje constitucional.
Este dato no ha trascendido hasta ahora ya que el Gobierno de Rajoy se ha limitado a ofrecer solo la información y el argumentario que ha refutado sus planteamientos contrarios a la Ley vasca de abusos policiales. El Ejecutivo vasco se lo ha encontrado entre los papeles enviados esta semana por el Tribunal Constitucional tras admitir a trámite el recurso de Madrid este pasado lunes. El Consejo de Estado aprobó mayoritariamente el dictamen que validaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno español, pero el voto particular de un consejero permanente rompió la unanimidad de este órgano consultivo del ejecutivo y carga de argumentos a Lakua en su defensa de la ley ahora recurrida.
En su voto discrepante con el dictamen aprobado el pasado 4 de mayo por el Consejo de Estado, Manzanares defiende que la denominada Ley abusos policiales “no invade competencias del poder judicial” y, si bien considera que podría ser mejorada con algunas correcciones, no pone ningún reparo a que la norma sea tomada por “constitucional”. Este órgano consultivo también emitió su valoración sobre la Ley navarra de abusos policiales, también recurrida por el Gobierno de Rajoy. En aquel caso, fue aprobado por unanimidad de todos los miembros del Consejo, incluido el voto de Manzanares.
El Tribunal Constitucional tiene un plazo de cinco meses para tomar una decisión definitiva sobre los doce artículos de la ley vasca que han sido suspendidos de manera cautelar. Esa decisión ha dejado diezmada la norma, aunque no liquidada en su totalidad. Especialmente tocada ha quedado la parte que regula la Comisión de valoración encargada de determinar quién entra en la consideración oficial de víctima de un abuso policial en el periodo que marca la ley. Este equipo está integrado por peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal y representantes nombrados por las instituciones vascas.
El meollo del problema radica en que el Gobierno de Rajoy cree que esta Comisión se inmiscuye en las competencias de los jueces y otorga la categoría de víctima sin una sentencia judicial que acredite que el victimario ha cometido un delito. Frente a este argumento, desde la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco dirigida por Jonan Fernández consideran que, si el reconocimiento de las víctimas dependiera de los jueces, muchas de ellas no estarían reconocidas porque en ocasiones la investigación ha entrado en un callejón sin salida y ha sido imposible identificar al autor material del delito. Así pues, la razón de ser de los procesos de reconocimiento sería admitir que existen esas víctimas y no fijar culpables ni endosar delitos a nadie.
Precisamente son estos los argumentos que viene a avalar de manera genérica Manzanares en su voto particular al dictamen de este comité de sabios integrado por personalidades que han prestado servicios al Estado español, desde expresidentes del Gobierno (Zapatero entre ellos), ministros o magistrados. Manzanares, de 87 años, ha sido, a propuesta de la conservadora asociación de jueces APM, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1990 y 1996, órgano en el que se caracterizó por defender las posiciones de la derecha más radical dentro de la judicatura. También fue magistrado de la sala de lo penal del Tribunal Supremo durante varios años y actualmente es consejero permanente del Consejo de Estado desde hace veinte años.
Es un reconocido jurista que ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia y ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros.
El posicionamiento de Manzanares no logró variar la posición del Consejo de Estado pero alimenta la defensa jurídica e internacional que pretende el Ejecutivo de Urkullu. En esta línea, recientemente la ley recibió un cualificado espaldarazo del expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU Fabián Salvioli. El experto argentino sostiene que la norma vasca va en la dirección indicada por el derecho internacional y se ajusta “a rajatabla a la “consistente jurisprudencia internacional” y cumple con los dictámenes de órganos internacionales en materia de reparación.
