La semana pasada, el diario El País publicó lo que en apariencia es un borrador de la ley de transitoriedad que prepara la Generalitat, normativa que, como su nombre indica, daría cobertura legal y jurídica al periodo entre la legalidad española y la aprobación de la Constitución del nuevo Estado independiente catalán. Uno de los titulares que despiezaban el documento rezaba: “El proyecto de ruptura elimina la división de poderes”. Aterrador, porque la división de poderes y la independencia entre ellos es la piedra angular de un sistema realmente democrático. La entradilla de la información explicaba que el sistema para elegir a la cúpula de la magistratura catalana permitiría, en la práctica, que el Govern tuviera “el control absoluto del poder judicial”. Y añadía textualmente: “El presidente de la Generalitat nombraría al fiscal general de Cataluña (potestad que tiene ahora en España el jefe del Gobierno con el fiscal general del Estado), pero, además designaría al presidente del Tribunal Supremo catalán”.
No sé lo que ocurrirá en Catalunya en el (improbable) caso de que se independice ahora, pero está claro que donde la división de poderes, hoy por hoy, es una quimera es en el Estado español. Lo vemos a diario, pero el caso del dimitido fiscal Anticorrupción Manuel Moix, nombrado por el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado que, a su vez, es nombrado por el Gobierno, es paradigmático. Es obligado recordar la conversación en la que Ignacio González -en prisión por el caso Lezo- le decía a Eduardo Zaplana: “Va-mos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío serio y bueno”. Y lo colocaron, pese a que no tenía experiencia en anticorrupción, frente a otros fiscales que sí la tenían, y mucha. Y la lió, claro. En solo tres meses. Porque, como decía ayer mismo en El Mundo: “Yo he venido aquí a hacer mi trabajo”. O sea, a mangonear, favorecer al PP en casos peliagudos, quitar fiscales incómodos... En fin, su trabajo. Esta es la división de poderes que se gasta por España.
Para el fiscal del Estado, José Manuel Maza, y el ministro de Justicia, Rafel Catalá, Moix ha hecho todo bien y lo de la sociedad offshore de Panamá, como diría Rajoy, son solo unos hilillos de plastilina. Moix afirmaba en la entrevista publicada ayer que seguiría con su labor “contra viento y marea”. Lo que pasa es que la marea era ya demasiado negra y espesa y estaba pringando de chapapote al Gobierno, que había dejado a Moix a su suerte, solo, medio hundido, a la deriva en medio de la marejada y derramando su pestilente carga bajo bandera panameña.
Dimitido Moix y con Maza como probable siguiente pieza -cuando antes, mejor-, todo seguirá igual. Es un problema sistémico. O cambia el modelo hacia una división de poderes real o volverá a suceder. Por favor: Nunca máis un caso Moix.
