iruñea - La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado suspender la tramitación de la causa por los incidentes ocurridos el pasado 15 de octubre en Altsasu, donde resultaron lesionados dos guardias civiles y sus parejas, hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la cuestión de competencia que planteó la Audiencia Provincial de Nafarroa, que consideró que los hechos no son constitutivos de un delito de terrorismo, en contra del criterio sostenido por la jueza Carmen Lamela y la Fiscalía.
Fuentes judiciales señalaron ayer que es una decisión lógica por pura “prudencia procesal” que la Audiencia Nacional no siga adelante con el procedimiento, ya que el Supremo debe pronunciarse antes de que pudiera producirse un eventual pronunciamiento por estos hechos, por los que se mantienen en prisión tres jóvenes vecinos de Altsasu.
La Audiencia Provincial de Nafarroa instó en marzo a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo para que la causa se instruyera en la comunidad foral y no en la Audiencia Nacional, puesto que no ve “indicios racionales de terrorismo” en lo ocurrido a dos guardias civiles y sus parejas. Al no ver “indicios racionales” que pongan de manifiesto la comisión de un delito de terrorismo, la Audiencia Provincial concluía que el juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea es el “competente para la instrucción de los hechos denunciados”.
Los hechos se remontan al mes de octubre del pasado año, cuando la Policía Foral detuvo a varios jóvenes de Altsasu por una trifulca con dos guardias civiles fuera de servicio en un bar de la localidad. Los agentes y sus parejas fueron agredidos en un altercado en el que intervinieron alrededor de 45 personas, según informaron en un primer momento desde la Guardia Civil, que relacionó lo ocurrido con la izquierda abertzale y su tradicional campaña de hostigamiento contra las fuerzas de seguridad estatales. Testigos presenciales apuntaron, sin embargo, que el incidente se pudo iniciar a raíz de una discusión en la que se vio implicada una de las mujeres.
Los hechos se produjeron en las inmediaciones del bar Koska, donde se encontraban tomando una copa los dos guardias civiles fuera de servicio, un teniente de 25 años, procedente de Valencia, y un sargento de 35 años, originario de Córdoba. Se encontraban acompañados por su pareja y su esposa, respectivamente. Según fuentes de la Guardia Civil, en la misma taberna se encontraba un numeroso grupo de jóvenes bastante bebidos que habrían empezado a increpar a los guardias civiles al reconocerles como miembros del Instituto Armado. Como consecuencia de la agresión, el teniente sufrió una factura en el tobillo de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, mientras que el sargento y las mujeres sufrieron contusiones leves. La presidenta navarra, Uxue Barkos, visitó a los hospitalizados acompañada por el consejero de Salud, Fernando Domínguez.
Los familiares de los jóvenes encausados han realizado numerosas concentraciones para denunciar esta “injusticia” y reclamar a la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los encarcelados. Carmen Lamela, la juez instructora de esta causa, procesó a nueve jóvenes, tres de ellos en prisión provisional, como partícipes directos en la “agresión por terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, de odio y lesiones”. Los familiares de los acusados y varios partidos han encuadrado lo sucedido en una pelea de bar, en lugar de una agresión terrorista. Uno de los jóvenes señalado en un primer momento sí resultó absuelto porque el tribunal calificó su actuación de mera burla a los agentes, sin que mediara ninguna agresión. Era el caso de Aritz Urdangarin, aunque la joven Ainara Urkijo no corrió la misma suerte y se mantuvo su procesamiento por la frase “esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis”, donde la Audiencia Nacional ve un intento de amedrentar. - DNA
